En director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas, reveló que, de acuerdo con las investigaciones que se llevan adelante del caso respiradores, se estableció que los acusados Fernando Valenzuela, Fernando Humérez y Walter Zuleta, se iban a beneficiar de 340 mil dólares cada uno.

“Establecemos lo que hemos denominado una tríada del señor Valenzuela como parte del Ministerio de Salud, el intermediario en este caso que es Humérez y la participación del doctor Zuleta desde la República del Perú, quienes toman contacto y hacen las gestiones respectivas y, de acuerdo a la información que tenemos, cada uno de ellos habría tenido un beneficio de 340 mil dólares por la transacción que estaban realizando”, dijo el martes Rojas en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

Valenzuela era director jurídico del Ministerio de Salud, mientras que Humérez y Zuleta habrían participado en los contactos para realizar la adquisición de los 170 respiradores de origen español, transacción que ahora está investigada por presunto sobreprecio.

El coronel Rojas indicó que la investigación ya tiene un avance de entre 75% a 80%. Dijo que el trabajo continúa y que en días posteriores se hará conocer los elementos que se vayan a encontrar.

La FELCC ya realizó un trabajo pericial en los teléfonos de los implicados Valenzuela y Humérez, encontrando contactos con altos dirigentes del MAS. El empresario reconoció que se llamaba con personas como Evo Morales y Andrónico Rodríguez, pero aseguró que era para hablar sobre la pacificación del país.

El coronel Rojas indicó que en el caso del teléfono de Humérez aún se continúa con el trabajo de interpretación de los contactos, dado que son 5.800 llamadas que tiene el empresario. Aclaró que lo presentado eran los contactos más recurrentes.

El jefe policial señaló también que no sea realizado intercepción de llamadas durante el trabajo de investigación, aunque la norma lo permite en algunos casos y realizarlo en el futuro dependerá de la estrategia del fiscal del caso.

La compra de los respiradores se acordó por unos 4,7 millones de dólares. El Estado ya pagó la mitad del costo, sin embargo, paralizó el resto por la investigación. La Fiscalía confirmó que en sus pesquisas se encontró indicios de sobreprecio.