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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió un recurso de conflicto de competencias presentada por indígenas defensores del territorio de Zongo, del departamento de La Paz, que sufren persecución judicial por una empresa minera que contamina su territorio. 

Luego de siete meses de espera, el TCP notificó a los indígenas con la admisión de este recurso, que busca garantizar el ejercicio de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) que, en el caso de Zongo, determinó en 2012 la expulsión del empresario minero Oscar Bellota, por tráfico y despojo de tierras, contaminación del medioambiente y división de las organizaciones del lugar.

Pese a la determinación de la JIOC Zongo, respaldada por dos sentencias del TCP de 2014 y 2019, el empresario minero no abandonó el lugar, continúa con las actividades extractivas a través de la cooperativa 28 de Octubre y, más al contrario, instauró procesos penales en contra de dirigentes y autoridades indígenas de la comunidad Cahua Chico de Zongo, donde se encuentran las tres minas que explota. 

“Nos han admitido nuestro recurso, nos han notificado ya con el auto constitucional. Con esta notificación de admisión, damos un paso más en la defensa de los pueblos indígenas y de nuestro territorio indígena. La cooperativa 28 de Octubre ha hecho un daño y abuso total a los comunarios, los ha despojado y desalojado de sus tierras”, declaró una de las jueces de la JIOC Jisk’aQ’awa de Zongo.

Fernando Pérez, comunario y defensor de este territorio, mencionó en junio de 2023, en el marco del pre-FOSPA realizado en el municipio de Rurrenabaque, Beni, que la lucha de la comunidad Cahua Chico de Zongo ha conllevado a que 42 indígenas sean perseguidos judicialmente por el empresario minero en estos últimos años. 

La última denuncia en contra de las autoridades indígenas fue presentada en 2023, luego del enfrentamiento entre comunarios de Cahua Chico y mineros cooperativistas tras una limpieza emprendida por los primeros en su territorio. La gresca derivó en nueve detenidos de parte de los pobladores, que fueron enviados a la cárcel de San Pedro de La Paz. Ningún minero cooperativista fue detenido, pese a la denuncia de los comunarios de que fueron atacados con explosivos. 

“Hemos tenido a nueve hermanos en la cárcel acusados, y esas familias, madres e hijos que han llorado, a los que han quemado sus casas y han volteado los puentes en Zongo, no hay justicia”, declaró otra de las autoridades indígenas, que optó por mantener su nombre en reserva para evitar nuevas represalias del minero cooperativista. 

Tras ese hecho, el representante de la cooperativa 28 de Octubre, Mario Cutile, instauró un proceso en contra de los dirigentes y autoridades indígenas de la comunidad Cahua Chico de Zongo por los delitos de avasallamiento y otros, por los cuales fueron imputados y están en riesgo de ser detenidos. 

Tras la admisión del recurso de conflicto de competencias por el TCP, las y los defensores del territorio de Zongo esperan que la justicia ordinaria decline competencia y permita que este asunto sea resuelto y tratado por la JIOCZongo, en el marco de la igualdad jerárquica establecida en la Constitución Política del Estado, que garantiza a las naciones y pueblos indígenas ejercer sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades y aplicación de principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.