La Defensoría del Pueblo instó este martes que el Estado deba asumir acciones “prontas y favorables” con el objetivo de optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios.

El pronunciamiento surge poco después de conocerse el reciente deceso de dos privados de libertad en una celda de la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en medio de un aparente enfrentamiento.

El llamado se encuentra dirigido al Ministerio de Gobierno, Policía y Régimen Penitenciario para que puedan “optimizar los sistemas de seguridad y control al interior de los recintos penitenciarios en el país, ajustando sus acciones a estándares internacionales que permitan el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado como garante de los derechos humanos de PPL bajo su custodia”.

En un recuento que hizo la Defensoría del Pueblo, hasta el momento se registraron ocho decesos de privados de libertad con los dos reos que perdieron la vida en el penal de Chonchocoro.

En el detalle, el 2 de enero se reportó el fallecimiento de un privado de libertad en la cárcel de Morros Blancos, Tarija, por apuñalamiento; el 3 de enero se conoció el fallecimiento de otro reo en Chonchocoro, también por apuñalamiento.

Ese mismo día se reportó la muerte de otro interno en CERPROM, Montero, Santa Cruz, de manera violenta; el 12 de enero hubo un hecho de feminicidio, seguido de suicidio en el penal de Palmasola, Santa Cruz, con dos fallecidos.

Mientras que el 26 de enero se reportó otra muerte por impacto de arma de fuego, al interior del penal de Chonchocoro.

Para la institución defensorial entre estas ocho muertes existe el “agravante cualitativo de una muerte por arma de fuego que marca un hito negativo en temas de seguridad al interior de las cárceles que puede generar mayor violencia si no se toman medidas contundentes y oportunas”.

Durante toda la gestión 2024 ocurrieron nueve muertes violentas en cárceles del país. ///agc