Tras la aprehensión del presidente ejecutivo de la red ATB, Marcelo Hurtado Sandóval, asambleístas de la oposición alentaron a que las investigaciones se dirijan a conocer a los verdaderos dueños de un conglomerado de empresas que durante el gobierno del MAS, habrían estado manejados por terceras personas.

“Cayó un pez gordo de la corrupción”, manifestó la senadora Carmen Eva Gonzales quien formalizó ante la Fiscalía de La Paz, solicitando investigar supuestos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal.

Explicó que haya documentación sobre anómalas transferencias de medios de comunicación social, sin el libre consentimiento de los propietarios a través de operaciones  que habría sido elaboradas desde el bufete de abogados “Salazar y Asociados” en La Paz.

Sostuvo que Hurtado es la pieza clave del esquema extorsivo al Grupo Prisa para hacerse de los matutinos La  Razón, El Extra y la red ATB, creando empresas fantasmas como Akaishi Investments S.L en España. El mismo Hurtado se habría hecho de la red PAT junto a José Luis Valencia en operaciones donde estaría involucrado el periodista Jaime Iturri, quien tras la caída de Evo Morales salió rumbo a la Argentina, aparentemente por razones de salud.

Por su lado, el otro senador denunciante Oscar Ortiz señaló que el proceso contra Marcelo Hurtado debe dirigirse a identificar los verdaderos propietarios del conjunto de empresas donde aparecía como socio. “La fiscalía debe estar atenta a nuevos palos blancos a quienes se pretendería transferir estas sociedades”, advirtió a través de su cuenta twitter.

El pasado 14 de diciembre Ortiz abrió su propia investigación del Senado para conocer a los verdaderos dueños de los canales de televisión ATB y PAT, el matutino La Razón, y la empresa soyera Gravetal y la de seguros ProVida.

Ortiz sospecha que estas empresas estarían vinculadas al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera a través de Marcelo Hurtado, presuntamente nexo con el empresario paraguayo venezolano Carlos Gill.

Pidió a la Unidad de Investigación Financiera (IUF)  averigüe el origen una fortuna inexplicable que habrían movido alrededor de esas empresas. Solicitó a la ASFI investigar los créditos otorgados por el Banco Unión a la empresa Gravetal, así como las permanentes reprogramaciones.

Anunció que similar tarea de fiscalización cumpla la Autoridad de Pensiones, Valores y Seguros, impulsando auditorías sobre las condiciones de transferencia de la empresa Pro-Vida al señor Hurtado.