La Defensoría del Pueblo consideró como “grave debilitamiento del enfoque restaurativo” el anteproyecto de ley del Gobierno que apunta a endurecer las penas privativas contra los adolescentes que cometan delitos contemplados en el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA).

En un pronunciamiento, la institución expresó su preocupación por la iniciativa legal ya que “contraviene el principio del interés superior del niño, consagrado en el art. 60 de la Constitución Política del Estado y en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de representar un retroceso en los avances normativos del Sistema Penal para Adolescentes (SPA) en Bolivia”.

La propuesta plantea ampliar la privación de libertad y de forma diferenciada por edades; de hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años, y hasta 18 años para aquellos entre 16 y 18 años, en casos de delitos graves.

“En ese contexto, endurecer el régimen sancionador sin atender estos factores estructurales implica un grave debilitamiento del enfoque restaurativo que debe regir la justicia penal de adolescentes. Este tipo de reformas desconoce además que la privación de libertad debe ser excepcional, de corta duración y orientada a la reintegración social”, señala el documento. 

La Defensoría del Pueblo consideró que el artículo 268 del CNNA establece un régimen de responsabilidad penal atenuada, priorizando medidas socio educativas por sobre la privación de libertad. 

Incluso, recordó que esa disposición fue construida en coherencia con estándares internacionales como las Reglas de Beijing y la Observación General N.º 24 del Comité de los Derechos del Niño, que exhorta a los Estados a no adoptar medidas regresivas ni aplicar penas (sugiero el término sanciones antes que pena) equiparables a las del sistema penal de adultos.

Entre los hallazgos del Tercer Reporte del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal se evidencian que las y los adolescentes privados de libertad enfrentan condiciones estructurales de abandono, violencia y exclusión, en contextos marcados por pobreza, desintegración familiar, deficiencias en salud mental, acceso limitado a educación y escasos espacios de protección social.

La Defensoría del Pueblo reiteró que toda reforma al Sistema Penal para Adolescentes debe tener como base el respeto a los derechos humanos y la promoción de procesos socioeducativos que favorezcan la responsabilización del hecho, la reparación del daño y la reintegración social, con operadores específicos y condiciones dignas.

En ese contexto, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a “no aprobar reformas que vulneren principios constitucionales e internacionales ni desconozcan el carácter especializado del SPA”.

Exhortó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a “reorientar” su propuesta “priorizando políticas de prevención, justicia restaurativa y reintegración” y convocó a la conformación de una mesa técnica interinstitucional para evaluar el asunto desde un enfoque de derechos humanos. ///agc