La Defensoría del Pueblo denunció retardación de justicia e irregularidades en la actuación de la Fiscalía y la Policía Boliviana en la investigación del caso de Nadia A.O., joven periodista que denunció una violación el 20 de septiembre de 2024 y que, tras enfrentar múltiples trabas en el proceso, decidió quitarse la vida.

Según un boletín de prensa de la institución difundida la noche de este domingo, la Defensoría abrió una investigación de oficio el 3 de octubre de 2024 en el Sistema de Servicio al Pueblo (SSP).

En esa instancia, verificó que la víctima acudió a la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, donde identificó como agresor a su excompañero de trabajo Álvaro V. Tras recibir orientación legal, fue sometida a una valoración médica en el Hospital del Norte el 4 de octubre. Ese mismo día, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fue informada para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de la víctima.

Pese al acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, señala que la denuncia enfrentó obstáculos desde sus inicios. En noviembre, cuando la víctima formalizó su declaración ante la FELCV, inicialmente esta fue rechazada. Ante la negativa, la Defensoría exigió el cumplimiento del debido proceso conforme a la Ley 348 y el Código Penal. Sin embargo, la imputación formal contra el agresor, a cargo del fiscal Luis Alberto Boyán, recién se emitió el 31 de diciembre de 2024, evidenciando la demora en la actuación de las autoridades.

La Defensoría lamentó que, a pesar de las gestiones realizadas, el proceso se desarrolló en un contexto de retardación de justicia, agravado por el acoso mediático del agresor, denunciado públicamente por la hermana de la víctima. Esta situación habría afectado severamente la salud emocional de Nadia, llevándola a tomar la trágica decisión de quitarse la vida.

La institución rechazó el inadecuado proceder de la Fiscalía y la Policía Boliviana, exigiendo una investigación rigurosa para sancionar a los funcionarios responsables de obstaculizar el cumplimiento del debido proceso. Asimismo, instó al Órgano Judicial y a la Policía a tomar medidas urgentes para evitar que acciones negligentes revictimicen a las denunciantes y vulneren sus derechos fundamentales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo anunció que continuará realizando un seguimiento riguroso al caso, emitiendo requerimientos de informe a las instancias correspondientes para evitar futuras demoras en la administración de justicia y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia.