El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de La Paz determinó declarar este lunes en rebeldía y emitir orden de aprehensión contra el exmayor de la Policía, David Vargas, en el caso “febrero negro” debido a que no se presentó a la audiencia de juicio. El aludido, desde Argentina, justificó su ausencia y dijo que se trata de una arbitrariedad en su contra.

Vargas explicó que se encuentra en Argentina como Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Universitaria de Docentes, con el objetivo de firmar acuerdos.

El abogado de la parte acusadora, Víctor Hugo Chávez,  explicó que ese viaje de Vargas no está previsto como justificativo por la ley boliviana y, en consecuencia, el tribunal ha declarado la rebeldía, el mandamiento de aprehensión, arraigo y la anotación de los bienes.

Vargas recordó que la semana pasada ha presentado su excusa por obligación laboral, pero le llama la atención la manera arbitraria que se decidió emitir la rebeldía en su contra.

Denunció que el Procurador del Estado influiría en el caso, puesto que su hermano es abogado de la parte acusadora. Dijo que todas las solicitudes de los acusados usualmente son rechazadas por el Tribunal.

Vargas anunció que mediante su abogada intentará recurrir la decisión del juez, aunque de manera inicial indicó que no habría una apelación y que esto le parece “absolutamente arbitrario”.

El abogado Chávez explicó que la orden de aprehensión tiene la finalidad de llevar a Vargas ante el juzgado.

En febrero de 2003 se desataron protestas por el impuesto a los salarios que había anunciado el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Los policías se amotinaron y se generó enfrentamiento con Fuerzas Armadas, mientras surgieron hechos de saqueo y vandalismo en las calles, que después fueron reprimidos. Existe una treintena de acusados.

Vargas fue parte del motín policial que se registró en esas fechas. El exmayor indicó que se le acusa de delitos cuya pena llega a los cuatro años. 

Afirmó que se acogió a una amnistía, pero esto no se respeta. Acusó a los fiscales de seguir órdenes políticas.