Durante la inauguración del año judicial y constitucional 2022, el presidente Luis Arce perfila para este año el desafío de concretar las medidas que permitan reformas a la Justicia para evitar que caiga en el “abismo de la desconfianza” de la población.

En el acto desarrollado en Sucre, el mandatario señaló que el país se encuentra en un proceso de construcción del Estado Plurinacional lo que amerita el cambio del modelo de gestión judicial.

En criterio de Arce, ese modelo es “obsoleto, discriminador, insensible y excluyente” que “privilegia a unos pocos y perjudica a la mayoría” de la población.

“Tenemos el desafío de reformar la justicia y evitar que caiga definitivamente en el abismo de la desconfianza y condena por parte de nuestra población. Ratificamos nuestro compromiso de avanzar en el proceso de reforma judicial”, afirmó.

Para el presidente, el nuevo modelo de la Justicia debe estar adaptado a las nuevas realidades de la sociedad boliviana, lo que significa también fortalecer la cultura de paz y las prácticas de diálogo en los procesos judiciales.

Dentro de este proceso, dijo que tienen que participar distintos actores como universidad, abogados, organizaciones sociales y sociedad civil organizada. Para marzo de este año, recordó además que se tiene previsto  la realización de una cumbre de justicia.

“En la coyuntura no hay mejor política social que entregar al pueblo boliviano un mejor servicio de justicia este es el compromiso que tenemos hacer realidad una reforma judicial que deje de ser un discurso y se convierte en hechos concretos para beneficio directo de la población boliviana”, sostuvo.

La retardación de Justicia es otro de los factores “más lacerantes” que atraviesan los familiares de las víctimas de feminicidios e infanticidio, debido a que la mayoría de los casos no reciben sentencias ni sanciones inmediatas.

Cuestionó  además a la ley del Órgano Judicial y a la vacación obligatoria de 25 días mientras que el país atraviesa una “elevada mora procesal” en los tramites que atraviesan los litigantes.

El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, recordó los retos que planteó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) sobre las reformas a la justicia y que eso no puede quedar en deuda y que debe ser honrado.