El abogado Ludwing Ledezma reclamó por la mala investigación sobre un caso de abuso sexual que implicaba al diputado del MAS, Juan José Jauregui. La denuncia se presentó inicialmente en Tiquipaya en agosto de 2023 y acabó siendo rechazada en La Paz en octubre del mismo año.

Ledezma acusó al fiscal departamental de La Paz, William Alave, de haber cerrado la denuncia sin realizar ninguna pericia al audio que registró la conversación entre el diputado Jauregui y la víctima. Tampoco se habría interesado en realizar pericias a los chats en ambas personas.

“Al fiscal Alave le ha valido un pepino. Lo que ha hecho es agarrar (el caso) y confirmar la resolución de rechazo”, declaró Ledezma en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol, asegurando que el caso fue cerrado sin realizar ningún acto investigativo.

El abogado señaló que, como parte del proceso, nunca fue habilitado en el portafolio digital ni tuvo acceso al cuaderno de investigación, ya que el caso fue declarado en absoluta reserva. Tampoco su cliente fue notificado personalmente con ningún actuado.

Ledezma recordó que el fundamento básico y rector de la fiscalía es que no existen suficientes elementos para generar convicción de que, con probabilidad, el diputado Jaúregui sea autor del presunto delito de abuso sexual.

Este caso recobró relevancia luego de que, en horas pasadas, una diputada opositora se retiró del set de televisión en vivo al ver que la entrevista iba a ser compartida con el diputado Jaúregui, a quien acusó de pedofilia.

El abogado sostiene que el Ministerio Público ha dejado que pasen los plazos sin convocar ni citar a su cliente. “Al final sacan un burdo rechazo con el simple fundamento de que no existen elementos de convicción”, señaló.

Informó que, a raíz de este rechazo, decidieron acudir a instancias internacionales, porque –según dijo– en Bolivia no existe Estado de Derecho, ni fiscales y jueces probos, ya que estos se dejan dominar por el poder político o por las personas que tienen dinero.

Ledezma recordó que lo mismo se vio con el caso de Juan Evo Morales Ayma y acusó directamente al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de proteger a Evo Morales y a los “supuestos delincuentes” dentro del Movimiento al Socialismo.

Anunció que han sacado copias legalizadas de todos los documentos y serán denunciadas ante la Corte Penal Internacional, la CIDH y otros organismos internacionales, más aún porque no se toma en cuenta la protección reforzada a los menores de edad dispuesta en la Ley 348 y el convenio de Belén do Pará.