Jaime Tapia, abogado de Arturo Murillo, señaló este jueves que las causas abiertas contra su defendido tienen un “contenido político”, pero además cuestionó la validez de las sentencias que pesan contra el exministro y enfatizó que tiene derecho a enfrentar los procesos en libertad.

Murillo fue deportado de Estados Unidos, donde cumplió una condena, y fue aprehendido en Bolivia mientras se define su situación jurídica.   

En contacto con ERBOL, el abogado denunció que Murillo no fue notificado en su momento con sentencias dictadas en su contra y que no tuvo oportunidad de ejercer su defensa.

“Arturo Murillo tiene el derecho de todo ciudadano de defenderse en libertad, de defenderse en un periodo probatorio razonable, de ejercer los recursos impugnativos que todo boliviano los tiene garantizados desde la Constitución”, remarcó.

Criticó también la presión mediática y política sobre el caso. “Hay un anuncio mediático ya de autoridades del gobierno que han señalado que correspondería que él esté en Chonchocoro, y que estaría ya sentenciado, y que casi su suerte estaría ya echada. Eso ya es un mal olor para un proceso que se espera que sea razonable, que sea debido”.

Las autoridades informaron que Murillo tiene dos sentencias en su contra, por el sobreprecio en gases lacrimógenos y la otra por el préstamo de material antidisturbios de Ecuador, pero la defensa rechaza los juzgamientos en calidad de rebelde, es decir en ausencia del acusado.   

“Hay que ver la validez de estos juzgamientos (las sentencias) en rebeldía, ¿no es cierto? Y hay que ver la constitucionalidad de esos actos a partir de las leyes en las que se han basado”, comentó.

El abogado recalcó que la detención debe ser una medida excepcional y no la regla.

Asimismo, manifestó su intención de acogerse al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia para la revisión de causas penales, para verificar las posibles vulneraciones de derechos.  

La audiencia de medidas cautelares de Murillo será este viernes por la tarde, donde la fiscalía ha solicitado la detención del exministro en San Pedro.