Nelson Martínez Espinoza
En Bolivia solemos repetir, casi como un mantra, que la vejez debe ser protegida y respetada. Lo decimos en discursos oficiales, lo leemos en las leyes y lo escuchamos en fechas conmemorativas. Sin embargo, la realidad suele contradecir con crudeza esas afirmaciones. El reciente caso de la señora Nancy Cortés Justiniano, una mujer adulta mayor de la ciudad de Santa Cruz, expone de manera descarnada cómo la ambición, la desprotección institucional y la chicanería jurídica pueden converger para vulnerar los derechos más básicos de una madre.
La denuncia pública realizada por la señora Cortés, difundida a través de medios de comunicación y redes sociales, ha generado un profundo asombro en la ciudadanía. Según su testimonio, uno de sus hijos inició acciones legales en su contra con el objetivo de apropiarse del 20 % del patrimonio que ella construyó a lo largo de toda una vida de trabajo en el rubro de las urbanizaciones. No se trata de una disputa menor: está en juego la tranquilidad, la salud y la subsistencia de una mujer que hoy solo busca vivir en paz sus últimos años.
La paradoja es dolorosa. En un acto de generosidad y con la intención de evitar conflictos familiares, la señora Cortés decidió otorgar a sus hijos un adelanto de legítima equivalente al 80 % de sus bienes. Lejos de cerrar las disputas, este gesto terminó abriendo la puerta a una ofensiva legal que ahora pretende arrebatarle el 20 % restante, el único respaldo económico que reservó para sí misma.
Este escenario no puede ser leído como un simple conflicto familiar. Estamos ante una forma evidente de violencia económica y psicológica contra una persona adulta mayor, prácticas expresamente prohibidas por la normativa boliviana. La Ley General de las Personas Adultas Mayores (Ley 369) fue concebida precisamente para evitar que este tipo de abusos se normalicen. Sin embargo, en este caso, la ley parece haber quedado relegada a un segundo plano.
Resulta especialmente alarmante que, según la denuncia, los hijos hayan intentado declarar interdicta a su propia madre, alegando una supuesta incapacidad mental para administrar sus bienes. A pesar de que la señora Cortés demostró su plena lucidez ante profesionales en psicología y psiquiatría, el acoso judicial no cesa. Más grave aún es que un tribunal en Santa Cruz haya dispuesto el congelamiento de sus bienes y la designación de uno de sus hijos como interventor, impidiéndole disponer incluso de los ingresos por alquileres para cubrir sus gastos básicos.
Aquí emerge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué rol está jugando la justicia? Mientras la ley ordena protección reforzada para las personas adultas mayores, algunas decisiones judiciales parecen ignorar deliberadamente esa condición, colocándolas en una situación de absoluta indefensión. La justicia, cuando olvida su función protectora, corre el riesgo de convertirse en cómplice del abuso.
El testimonio de la señora Cortés estremece por su carga humana. En un grito de desesperación, ha llegado a ofrecer cederlo todo con tal de que la dejen “vivir en paz”. Que una madre deba implorar tranquilidad frente a quienes ella misma crió y benefició no solo es una tragedia familiar, sino un síntoma de una fractura social más profunda.
Este caso debería interpelar con urgencia a las autoridades judiciales y a la sociedad en su conjunto. No podemos permitir que la Ley 369 sea letra muerta ni que el discurso del “cuidado” se utilice como coartada para el despojo patrimonial. La vejez no debería ser un campo de batalla legal, sino una etapa de dignidad, descanso y reconocimiento.
Cuando la ambición pesa más que la sangre y la ley, no solo se vulneran derechos individuales: se erosiona el sentido mismo de justicia y humanidad que una sociedad dice defender.