REELECCIÓN III

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el pasado lunes su segunda decisión política y manipulativa. La primera fue la sentencia sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la cual tras una impecable fundamentación para defender el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, declaró constitucional en un 50% e inconstitucional en otro 50% la Ley 222, que viola justamente ese derecho. Fue tan política esa sentencia que el TCP se despreocupó del cumplimiento de su exhortación de concertar el proceso. El gobierno se burló.

La segunda la publicó el pasado lunes (declaración 003/2013) para avalar la segunda candidatura continua del Presidente y Vicepresidente. Para este propósito usó lo previsible, un argumento político y lo escribió en los siguientes términos: “el nuevo orden es diferente al pre-existente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico- política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución, realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico – político”.

El TCP desconoce que precisamente para evitar la interpretación que hace y proteger la democracia de posibles manipulaciones políticas, los acuerdos de octubre de 2008 incluyeron en la Constitución la disposición transitoria primera, II, que establece: “los mandatos anteriores a la vigencia de esta constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. Este artículo no fija excepciones, tampoco da lugar al uso de un truco, consumado recientemente con el proyecto de Ley de Aplicación Normativa elaborado por el MAS.

La historia demuestra ampliamente que el término refundación es político y puede ser usado a gusto y placer del poderoso de turno. Si revisamos antecedentes, el país ha sido refundado al menos unas 10 veces, pero en ningún momento perdió el nombre con el que nació, Bolivia. Ha sido y es el concepto más usado por los políticos (incluidos los dictadores), que padecen un complejo adanita.

Sin embargo, todos esos discursos se desmoronaron a su tiempo debido a que no superaron su origen: la estructura jurídica anterior. Sucedió lo mismo el 2006, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente gracias a la Constitución que incluyó esa figura en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. Es decir, el llamado nuevo Estado tiene su origen en la estructura jurídica del Estado de 2005 y el Congreso de ese mismo año, que convocó a la Asamblea Constituyente. No hay tal nueva era jurídico-política. Con la lógica del TCP hasta las tres leyes malditas del neoliberalismo (Participación Popular, Capitalización y Reforma Educativa) inauguraron otra era.

Este argumento es tan débil y manipulador que cualquier otro gobierno declarará en el futuro una nueva refundación del Estado. Incluso aprobará una nueva Constitución. Por ello mismo esta palabra suena a la resurrección de Jesús, que se produce cada año pero con matices particulares.

Suele decirse que a los gallos se los conoce por sus peleas en cancha y a los magistrados independientes, por sus decisiones (incluso) contra sus progenitores. Hasta ahora, los magistrados del TCP no pasaron la prueba en los dos temas claves que afectaban los intereses del gobierno (TIPNIS y reelección). Los otros casos ya traían consigo las sentencias, no hacerlo hubiera sido ir contra la corriente mundial que ya había borrado la figura del desacato, garantizado la presunción inocencia y la no retroactividad de la ley.

El TCP pudo haber declarado constitucional la segunda postulación del Presidente y Vicepresidente en los términos fijados por la misma Constitución, pero prefirió ignorar la garantía de la democracia, el voto popular, vía referéndum.