Manuel Morales
En las últimas semanas, las familias bolivianas han comenzado a recibir facturas de servicios básicos con cifras que no solo sorprenden, sino que duelen. El agua, la luz, el aseo urbano, incluso los servicios funerarios y las multas de tránsito, han experimentado incrementos que parecen no tener freno. No se trata de una mala racha ni de ajustes aislados. Estamos frente a un fenómeno estructural: el tarifazo, impulsado por dos motores implacables: la inflación y la devaluación.
Este artículo busca desentrañar las causas de este golpe a la economía familiar y plantear la urgencia de medidas que realmente protejan a la población.
La UFV es un escudo que se vuelve espada; para entender el tarifazo, hay que conocer a su protagonista: la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). Creada en 2001 con un valor inicial de 1 boliviano, esta unidad fue diseñada para ajustar automáticamente el valor de los bienes y servicios ante la inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En teoría, es un mecanismo que preserva el poder adquisitivo. En la práctica, se ha convertido en un instrumento de ajuste automático que encarece todo sin necesidad de que el Estado apruebe una nueva ley.
Hoy, la UFV ronda los 3,29 bolivianos, y su ascenso es implacable. Cada mes, cada día, su valor crece al ritmo de la inflación. Y con ella, crecen también las tarifas de servicios esenciales:
Agua potable, en ciudades como La Paz y El Alto, el metro cúbico se ajusta automáticamente. Electricidad, su tarifa está indexada a la UFV, y desde junio de 2026, el Decreto Supremo 5647 permite que suba hasta un 5% mensual -un techo más alto que el 3% anterior-. Aseo urbano y cementerios, también se actualizan anualmente con base en la UFV. Multas e impuestos, tanto las sanciones de tránsito como las deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales están expresadas en UFV, por lo que su valor en bolivianos se incrementa sin cesar.
El salario no corre, mientras la UFV vuela, el verdadero drama es que los salarios y muchos ingresos fijos no lo hacen al mismo ritmo. Mientras un trabajador espera un incremento salarial que, en el mejor de los casos, apenas supera el 5% anual, la UFV ya acumula un incremento del 8,1% en lo que va de 2026. La inflación anualizada alcanza el 12,51%, y el Fondo Monetario Internacional proyecta que cerrará el año en 20,7%.
Esto significa que el poder adquisitivo de las familias se erosiona mes a mes. Los gastos fijos suben, los ingresos se estancan, y el bolsillo se vacía.
El caso de la tarifa de agua en El Alto es paradigmático. Allí, el 85% de los usuarios goza de una tarifa solidaria congelada de 1,78 bolivianos por metro cúbico para consumos de hasta 15 m³. Sin embargo, los hogares de consumo medio y alto —que no acceden a ese beneficio— han sufrido incrementos que, en algunos casos, superan el 100%. La solidaridad se vuelve selectiva, y la clase media queda desprotegida.
La devaluación es el socio silencioso del tarifazo. Pero la inflación no actúa sola. La devaluación del boliviano frente al dólar (39.8%) agrava aún más el panorama. El sector eléctrico es el ejemplo más claro. Bolivia genera el 66% de su electricidad con gas natural, un recurso que, aunque se produce localmente, tiene un precio de oportunidad ligado al mercado internacional. Con un tipo de cambio más alto, el costo de usar ese gas internamente en lugar de exportarlo se encarece, y ese costo se traslada a la factura de la luz.
Además, toda la cadena eléctrica —generación, transmisión y distribución— depende de insumos, repuestos y tecnologías importadas: turbinas, transformadores, cables, paneles solares, inversores. Todos ellos se cotizan en dólares. Cuando el boliviano se devalúa, el precio en moneda local de esos insumos se dispara, y el impacto final lo paga el consumidor.
No es casualidad que el DS 5647 reciente aprobado por el gobierno de Rodrigo Paz haya elevado el tope de aumento mensual de la luz al 5%. Es un mecanismo que, bajo el discurso de "estabilizar", en realidad abre la puerta a incrementos más rápidos y frecuentes.
Proyecciones alarmantes para el bolsillo, si la tendencia continúa, la UFV podría cerrar el año en 3,65 bolivianos, lo que representa un incremento anual cercano al 20%. Eso se traducirá en:
Tarifas eléctricas que crecerán mes a mes hasta el tope del 5%, con un acumulado que podría duplicar o triplicar el costo actual. Facturas de agua que, como ya alertó la Gobernación de Cochabamba, podrían subir al menos un 15% en las próximas semanas, y mucho más si la inflación supera el 20%. Impuestos y multas que, al estar indexados a la UFV, golpearán con más fuerza a quienes ya tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.
¿Qué hacer? Más allá de la queja. El diagnóstico es claro, pero no basta con señalar el problema. Es urgente actuar.
En primer lugar, el Estado debe ampliar las tarifas solidarias a más hogares y a más servicios, no solo al agua. La protección no puede ser un privilegio para unos pocos.
En segundo lugar, es imprescindible que los salarios y las pensiones estén indexados a la inflación, tal como ya ocurre con las rentas del sistema de reparto. Si la UFV protege los ingresos del Estado, ¿por qué no proteger también los ingresos de los trabajadores?
Finalmente, necesitamos repensar el modelo económico. Un país que depende de insumos importados y de un tipo de cambio volátil no puede sostener un esquema tarifario que ajusta automáticamente los costos sin considerar el impacto real en la población. El bien común debe estar por encima de la recaudación fiscal.
El tarifazo no es un accidente, es la consecuencia de un sistema que protege los ingresos del Estado, pero descuida los ingresos de las familias. La inflación y la devaluación son fenómenos que, combinados con la indexación automática a la UFV, generan un círculo vicioso que empobrece a los ciudadanos mientras el Estado mantiene sus ingresos actualizados.
No se trata de eliminar la UFV, sino de usarla con criterio social. Es hora de que las tarifas y los salarios caminen al mismo ritmo, y de que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a quienes más lo necesitan. De lo contrario, el tarifazo seguirá siendo, mes tras mes, un recordatorio de que el sistema está diseñado para empobrecer, pero no para cuidar a la gente.
2 de julio de 2026