Manuel Morales Alvarez
En la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia, diversas personas y organizaciones defensoras del medio ambiente realizamos acciones de apoyo a los comunarios de la zona y, al mismo tiempo, al conjunto del pueblo de Tarija, conscientes de que la protección de Tariquia es vital para el acceso al agua de toda la región (https://www.facebook.com/watch/?v=1072347997013711). No fuimos los únicos: distintos actores políticos del departamento se sumaron, y Rodrigo Paz, en su calidad de alcalde de Tarija, firmó de manera libre y voluntaria un acta de compromiso de defensa ambiental de este patrimonio natural que nos corresponde resguardar frente a la agresión petrolera sostenida tozudamente por el gobierno de Luis Arce.
El 22 de junio de 2022 presentamos una Acción Popular ante una sala constitucional de la ciudad de Tarija, solicitando la abrogación de las Leyes N° 1014, 1015, 1049 y 1050, que aprueban contratos petroleros con YPFB Chaco y con la empresa brasileña Petrobras, y que permiten el ingreso a Tariquia sin respetar el área protegida ni el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de omitir otros procedimientos ambientales esenciales. Fuimos varios los accionantes e instituciones que nos movilizamos por las calles de Tarija, mientras numerosas personas resguardaban la Reserva con gran sacrificio personal.
Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciarse sobre el fondo de la demanda y verificar si la disposición de rechazo emitida por la sala constitucional de Tarija tiene o no validez constitucional, toda vez que los magistrados asumieron una conducta de abierta subordinación al gobierno de Luis Arce y a David Choquehuanca, quienes desde la Asamblea Legislativa Plurinacional promovieron la aprobación de esos contratos en abierta vulneración de preceptos constitucionales.
En esa oportunidad, el Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) presentó en audiencia un amicus curiae, destacando la naturaleza de la Acción Popular como: 1) preventiva, al evitar que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección; 2) suspensiva, en tanto tiene por efecto hacer cesar el acto lesivo; y 3) restitutoria, al restituir el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior. Asimismo, instamos a los vocales de la Sala Constitucional y al Tribunal Constitucional Plurinacional a aplicar la doctrina del estándar más alto en cuanto a los principios precautorio y pro natura, desarrollados tanto por el TCP como por la Corte IDH. En ese sentido, la Corte IDH, en la Opinión Consultiva 23/17, cuyos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad conforme a lo establecido por la SC 0110/2010-R, consagró el estándar jurisprudencial más alto en materia del principio precautorio aplicable a los derechos medioambientales, interdependientes a su vez de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho a la salud pública, a la alimentación adecuada y saludable, a la seguridad hídrica, a la tutela efectiva de los derechos de la Madre Tierra y a la protección real de la cuenca alta de los ríos Bermejo y Tarija.
Con el propósito de reforzar las acciones sociales y judiciales de defensa de la Reserva de Tariquia, el 19 de septiembre de 2022 diputados y representantes de Tariquia presentaron una nueva Acción Popular para frenar la intervención petrolera en la zona, ampliando la argumentación constitucional (https://eldeber.com.bo/economia/diputados-y-representantes-de-tariquia-v...).
¿Por qué criticar, entonces, el cambio en la conducta de Rodrigo Paz respecto de la defensa del patrimonio natural de Tarija?
En primer lugar, por la inconsistencia entre la palabra dada y el compromiso asumido, frente a la falta de coherencia para sostenerlo en el tiempo (https://nuevapresencia.com/analista-manuel-morales-critica-autorizacion-...). En segundo lugar, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional aún debe pronunciarse sobre el fondo de ambas Acciones Populares y, por respeto al orden constitucional, corresponde esperar dicho fallo antes de promover hechos consumados. En tercer lugar, porque violentar Tariquia implica dar continuidad a las políticas de Luis Arce en materia hidrocarburífera y ambiental.
El compromiso con Tariquia es, en esencia, un adeudo con Tarija: con sus recursos naturales, su biodiversidad, sus comunidades y su futuro hídrico. Lamentablemente, todo indica que a Rodrigo Paz este compromiso no le resulta prioritario.
La defensa de Tariquia trasciende coyunturas políticas y nombres propios: es una causa vinculada al derecho humano al agua, a la protección de los bienes comunes y al respeto al orden constitucional que ampara a las áreas protegidas. Hoy, más que nunca, se requiere coherencia ética y política para sostener los compromisos públicos asumidos y para impedir que decisiones extractivistas comprometan irreversiblemente la vida de las generaciones presentes y futuras. Tariquia no es una consigna: es una responsabilidad histórica que interpela al Estado, a sus autoridades y a la sociedad en su conjunto.
7 de noviembre de 2025