Por Guillermo Villalobos M.
Todos los días nuestros platos de comida se conforman por una variedad de verduras, cereales, tubérculos, frutas, carnes, aceites, huevos, entre otros productos que componen la canasta básica familiar de lasy los bolivianos. Diferentes estudios señalan que una amplia mayoría de los productos que constituyen esta canasta básica es producida por la agricultura familiar, campesina e indígena. Esto a pesar de que 45% de la superficie cultivada en el país está ocupada por cultivos industriales cuyo destino es abastecer mercados internacionales y alimentar animales.
La otra realidad de nuestros sistemas agrarios es que cada vez dependemos más de insumos agrícolas externos, dentro de los cuales destacan los plaguicidas. Solo en 2021 Bolivia importó 55 mil toneladas de estos productos químicos, seis veces más la cantidad que se importó en 2019. Y ¿Dónde van a parar estos pesticidas? Se sabe que la agroindustria es el sector que absorbe la mayor parte de la demanda. Sin embargo, a lo largo de los últimos años,varios estudios fueron evidenciando su creciente uso en la producción llevada a cabo por la agricultura familiar.
El empleo de pesticidas por parte de la agricultura familiar es complejo y responde a una variedad de factores. Uno de ellos está relacionado con la intricada red que comercializa estos plaguicidas en mercados y ferias locales y que se constituye en la principal fuente de abasto e información para este sector productivo.
Bajo este contexto, pensamos que sería interesante llevar a cabo un sondeo en diferentes mercados y ferias delas ciudades de La Paz y El Alto para tener una aproximación al estado de situación y a las características de la oferta existente de plaguicidas disponibles para el pequeño productor. Para este fin, y consientes de estar al margen de cuestiones metodológicas propios de este tipo de investigaciones, durante los meses de enero y febrero de 2023 registramos la oferta que las agropecuarias realizaban para enfrentar determinadas plagas (insectos, ácaros, hongos, moho y malezas) que cotidianamente afectan distintos cultivos de hortalizas, tubérculos y frutales en conocidas zonas productoras del altiplano, valles y yungas del departamento de La Paz.
Solo con este breve ejercicio obtuvimos datos reveladores. Para comenzar, pudimos registrar en total 99 marcas comerciales diferentes; predominantemente conformado por insecticidas, y en menor grado, herbicidas y fungicidas. Una primera observación fue que, en un par de ocasiones, se ofrecían productos para controlar plagas distintas, como insecticidas para controlar hongos o herbicidas para controlar insectos.
Una gran cantidad de estos plaguicidas tenían como principal destino los cultivos industriales (soya, maíz, girasol, etc.); sin embargo, se los comercializaban para cultivos de verduras, tubérculos, frutas y coca. Situación que se viene denunciando hace ya tiempo atrás y que evidencia un uso importante de pesticidas más allá de la agroindustria dónde está registrado y destinado originalmente.
El rango de precios variaba entre 50 Bs hasta 250 Bs la unidad. Siendo que la mayoría de los productos registrados procedían del Perú. Al consultar sobre las razones de los precios, los vendedores manifiestan que debido a los conflictos sociales que se desarrollan en ese momento en el país vecino, se hacía “más complicado traer los productos” y por ello existía un leve aumento de los precios.
Al respecto de esto, se estima que entre el 14 y 35% de toda la oferta nacional de pesticidas está conformada por productos de contrabando, la mayoría introducidas desde el Perú. Por ello, no sorprende que 25 de las 99 marcas comerciales en nuestro sondeo no estaban en la lista de plaguicidas con registro sanitario vigente del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). Es decir, plaguicidas ilegales.
Las 99 marcas comerciales estaban conformadas por 50 diferentes ingredientes activos con distinta clasificación toxicológica. La banda amarilla (clasificación II Moderadamente Peligroso) fue el plaguicida más ofrecido y disponible en las tiendas, y en segundo lugar los plaguicidas con banda azul (clasificación III Ligeramente Peligroso). Seguido por los plaguicidas banda verde (clasificación IV Normalmente no ofrece Peligro) y banda roja (clasificación Ib Altamente Peligroso), los cuales llegaron a representar el mismo porcentaje de la muestra sondeada.
En otras palabras, al consultar por pesticidas para controlar diferentes plagas en cultivos que conforman la canasta básica, la amplia mayoría de los productos ofrecidos por las agropecuarias eran pesticidas peligrosos. Mientras que, la cantidad de pesticidas menos tóxicos fue igual a la categoría de más tóxico; por lo que existe una predominancia de plaguicidas alta y moderadamente peligrosos, según la misma clasificación toxicológica del Senasag.
De hecho, de los 50 ingredientes activos identificados en los sondeos en los diferentes mercados y ferias, 33 se encuentran en la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) actualizada a 2021 elaborada por la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN). Además, 34 de los 50 ingredientes activos se encuentran prohibidos en uno o más países, según la Lista internacional consolidada de plaguicidas prohibidos de la PAN.
El Cypermethrin (un insecticida de amplio espectro) fue el ingrediente activo más predominante dentro de los plaguicidas registrados y que, según los vendedores, es el que “mejor resultado obtiene” y que “mayormente suelen llevar”. Luego venían los insecticidas/acaricidas Lambda-cyhalothrin, Thiamethoxam, Chlorpyrifos, Abamectin y Imidacloprid; los fungicidas Carbendazim y Azoxystrobin; y el herbicida Paraquat. Estos ingredientes activos, además de estar la mayoría clasificados con banda amarilla, se caracterizan por ser presuntamente tóxicos para la reproducción humana e inducir a mutaciones hereditarias; además de ser tóxicos para otras especies benéficas (abejas, peces, aves, etc.) y tener diferentes grados de acumulación en el ambiente.
A estos se suman los plaguicidas con banda roja. Estos plaguicidas fueron ofrecidos luego de preguntar por “opciones más fuertes”. Curiosamente algunas agropecuarias enfatizaban que no tenían autorización para vender plaguicidas con banda roja, mientras que otras señalaban que sí tenían pero que no podían “ofrecerlos a la vista del público”, pero la mayoría de las agropecuarias visitadas los mostraban y ofrecían alegremente en sus tiendas.
Tres ingredientes activos fueron los identificados con banda roja, los insecticidas: Carbofuran, Methomyl y Methamidophos. De estos, Methomyl se encuentra restringido (solo para cultivos de soya, maíz y trigo, bajo receta prescrita por un representante acreditado por el Senasag) y Methamidophos está totalmente prohibido en el país. Estos ingredientes activos se caracterizan por ser muy tóxicos para otras especies benéficas, nocivos para la salud humana y para el ambiente; además de estar prohibidos en varios otros países.
Con este breve ejercicio se pudo evidenciar un amplio abanico de plaguicidas disponibles en los mercados y ferias de las ciudades de La Paz y El Alto. Esta oferta sugiere que existe una demanda importante de plaguicidas con clasificación toxicológica elevada por parte de los productores que desarrollan su actividad en las zonas cercanas a estos centros urbanos. Al respecto, estudios recientes han evidenciado consecuencias importantes en la salud de estos productores por el uso de estos plaguicidas peligrosos, al igual del riesgo que representa para los consumidores de los productos que están siendo fumigados con pesticidas, muchos de los cuales conforman nuestra canasta básica familiar.
Sin embargo, sería un error atribuir a los productores toda la culpa por el uso de estos plaguicidas. Como señalamos antes, a las precarias opciones y condiciones del campo boliviano se suman una compleja red de comercialización que asesora y abastece de plaguicidas a los productores. En este sentido, el uso de plaguicidas por parte de este sector productivo corresponde a la implementación de todo un modelo agrícola y un paradigma de desarrollo dominante, el cual es controlado por un puñado de empresas multinacionales y fomentado desde el mismo Estado boliviano.
Por esta razón, cualquier intención de abordar las problemáticas relacionadas al uso de plaguicidas en la agricultura nacional implica necesariamente refutar el modelo agrario dominante. Al igual que implicarepensar y plantear un nuevo paradigma para nuestras sociedades y para los sistemas agrarios que nos alimentan, donde el punto de partida es asimilar que no es posible lograr una soberanía alimentaria y una autodeterminación social mientras se siga dependiendo de insumos agrícolas químicos contaminantes.