Manuel Morales Alvarez
El gobierno de Luis Arce enfrenta una situación casi irremediable: la subida del precio del pan, tanto por las limitaciones objetivas de mantener la subvención a la harina de trigo, como por la decisión de incrementar su precio como una política gradualista de desregulación del mercado.
La subvención del pan de batalla se basa en la importación de harina de trigo por parte de EMAPA y su entrega a las panaderías. No aprovisiona al 100% de los hornos de panificación, ni tampoco cubre los productos como manteca, levadura, sal ni azúcar. De tal manera que la producción del pan de batalla contiene elementos “ajenos a la subvención” que han incrementado en sus costos.
Si el gobierno de Luis Arce tuviera, actualmente, la intención de mantener el precio del pan financiaría la subvención en los montos que fuesen necesarios. Incluso EMAPA podría producir pan, pero todo parece indicar que el gobierno busca librarse de esta subvención de forma gradual.
Es necesario recordar que la última crisis en torno al pan se presentó el año 2007, cuando hubo un incremento del precio de este alimento básico de las familias bolivianas y fue Evo Morales, el 17 de Septiembre de 2007, que ordeno a los militares hacer pan en los cuarteles: "Frente a la especulación del precio de la harina pedimos a las fuerzas armadas cooperar, no al gobierno sino el pueblo porque a veces tenemos algunos problemas de especulación; hacen subir el precio del pan", dijo el Mandatario al inaugurar un primer horno industrial en un regimiento de la vecina ciudad de El Alto, (…) el viceministro de Microempresa, anunció que en los siguientes días otros 11 hornos industriales entrarán en funcionamiento en cuarteles de las principales ciudades del país (https://www.emol.com/noticias/internacional/2007/09/17/275830/evo-morales-pide-a-militares-elaborar-y-vender-pan-en-los-cuarteles.html). ¿Qué fue de esos hornos?
Dos años después, el 2009, el Gobierno de Evo Morales aprueba el Decreto Supremo N° 255 de “subvención a la producción y comercialización de productos agropecuarios y sus derivados, a precio justo, a ser implementada a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA”. Diez años después, mediante el Decreto Supremo N° 3919 crear el “Programa Multisectorial de Fomento a la Producción de Trigo, que tiene por objetivo incrementar los volúmenes de producción y superficie” que ha resultado en un rotundo fracaso.
El llamado “complejo productivo de trigo” tiene dos actores, los pequeños productos de los Departamentos de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija que producen el 25% de trigo, de forma dispersa, en pequeñas cantidades, y el sector empresarial de Santa Cruz que genera el 75% de la producción nacional. Ambos sectores no satisfacen el mercado interno y la importación y contrabando de harina de trigo hacia Bolivia ronda por más del 80%. Un tercer actor, es el Estado que ha realizado inversiones en silos de almacenamiento y ha generado políticas de fomento a los pequeños productores que no tienen significación estadística positiva. El sector empresarial utiliza los cultivos de trigo dentro de la rotación de cultivos de soya, es decir, no tiene como meta fundamental producir trigo para el mercado interno de forma principal.
El gobierno de Luis Arce ha tomado tres medidas que apuntan a liberalizar la economía, adelantándose a los candidatos opositores que anuncian hacer lo mismo, pero sin gradualismo alguno y como parte de una política de shock futura:
1. Devaluación de la moneda boliviana en el mercado informal o paralelo, el cambio del boliviano respecto al dólar 6.96 es nominal no real
2. Flexibilización de la subvención de los combustibles, con la autorización de importación al sector privado, la generación de los agrocombustibles (etanol anhidro y aceites) para la mescla de gasolina y diésel respectivamente
3. Inflación gradual de los precios de los productos importados, de los alimentos para nivelar los precios de los productos con los países vecinos
A lo anterior se suma el concepto de “precio justo”, que es la máxima del gobierno para señalar que hay un precio de base que no puede ser cuestionado, pues bien, el precio justo va variando en diferentes rubros y por lo tanto se vuelve relativo y con ello, se busca incrementar el precio de los productos que ya no serían objeto de protección, sino de variabilidad de acuerdo a la oferta y la demanda.
Los municipios como agentes reguladores no cumplen con la función de control de precios, peso y calidad del pan de forma estable. En otras palabras el incremento es una realidad, no hay marraquetas en el mercado y el precio del pan industrial ya subió.
En este contexto se inscribe el hecho de que el precio del pan no va a ser sostenido por el gobierno de Luis Arce y vamos a entrar al laberinto de su incremento de forma premeditada, atentando al derecho a la alimentación de la población.