La solicitud de auditoría al padrón electoral que la vocal del TSE, Rosario Baptista, ha presentado al Secretario General de la OEA en días recientes, ha ocasionado el remezón político que ya todos hemos visto, incluyendo el previsible rechazo de determinados actores. Pero lo que no era previsible (al menos para mí) es que el rechazo no proviniera del oficialismo repuesto, sino de destacados referentes del campo político opuesto, como lo son Carlos Mesa, Amalia Pando, Sonia Montaño e incluso, a su modo, algún anónimo editorialista de Página Siete. Tampoco era previsible, y es muy lamentable, que sus argumentos sean tan falaces y pobres como lo son.
EL OSCURO SALVADOR ROMERO
Amalia Pando y Sonia Montaño, en artículos idénticos en su mensaje central (publicados en Cabildeo Digital y Página Siete respectivamente), expresan su plena confianza e irrestricto apoyo a la gestión de Salvador Romero como presidente del TSE. Pero lo mejor que puede decirse de ella, con esforzada benevolencia, es que está signada por la negligencia y la inoperancia, tan grandes que son ineludiblemente sospechosas. Es tan curioso como penoso que la aguda suspicacia que tantas veces le permitió a Amalia Pando adentrarse en los laberínticos entramados de la corrupción para develar la verdad, en un asunto tan importante como este quede en nada, o peor, en adormecida y sorda complacencia con los sospechosos actos (y omisiones) de Romero. Ocurre pues que son muchos y muy graves los hechos que, extrañamente, Pando y Montaño parecen desconocer.
Primero, parecen no haberse enterado de que Romero, pese al reclamo que le hicimos muchos ciudadanos al respecto, ratificó en un alto cargo técnico del TSE al que fue su jefe de informática durante el fraude informático perpetrado el año pasado. Este individuo de nombre Ángel Camacho, bajo el más elemental sentido de justicia, y sin prejuzgar su culpabilidad, tendría que ser penalmente investigado. Sería razonable su detención preventiva, y absolutamente necesario, tanto para preservar la investigación de su interferencia como para prevenir la reiteración del delito, que sea separado de toda función en el Órgano Electoral. Este tratamiento penal no le competía solamente al Ministerio Público, era también de inexcusable obligación institucional del TSE – en tanto entidad depositaria de la fe pública lesionada con el fraude— impulsar el respectivo proceso como parte civil, y, ante todo, desvincular de su seno a los principales sospechosos de autoría, complicidad o encubrimiento en el fraude cometido. Pero Romero ratificó a Camacho, igual que se ratificó a casi todo el personal que actuó durante el fraude de 2019.
Tampoco parecen haberse enterado de que, en las últimas elecciones, se ha consumado la grave regresión de los derechos políticos de los bolivianos que significa la eliminación del sistema de conteo rápido, de importancia decisiva para la transparencia de los procesos electorales. Con gran énfasis, Pando afirma que en esta elección (a diferencia de la del año pasado) no se presentó una sola acta con irregularidades. En rigor se presentaron varias, por el ingeniero Villegas entre otros, aunque ciertamente sin la masividad que tuvieron las presentadas el pasado año. Pero este hecho no significa necesariamente que en esta elección no se alteraran, fraguaran o suplantaran actas masivamente, ya que la ciudadanía e incluso los observadores institucionales, a falta de conteo rápido, carecieron del único medio técnico para detectarlo si así hubiese ocurrido. Si el año pasado no hubiese operado el TREP, el fraude no habría sido descubierto; fue comparando las actas del TREP con las del conteo oficial que se encontraron las alteraciones, y su misma interrupción, anunciado la dolosa modificación de sus resultados, fue una involuntaria revelación del fraude. Romero es autor de que, con la presumible participación de Ángel Camacho y la demás tecnocracia electoral dejada por el MAS y atesorada por él, se liquidara el TREP sin mayores justificaciones, y de que el DIREPRE, su sistema sustituto, no funcione pese a su auspiciosa presentación desde el TSE. Pero además, es también atribuible a él que de ese fracaso la ciudadanía se entere recién noche antes de las elecciones, cuando ya no cabía acción alguna para remediarlo. Era pues de la más elemental responsabilidad para Romero, que no se descartara al TREP mientras no se tuviera total garantía del funcionamiento del DIREPRE con óptima y superior eficacia. Sin embargo, Romero dejó a la ciudadanía en la oscuridad y la indefensión, lo que a Mesa, Pando y Montaño, no les impide colmarse de certidumbre en la limpieza y transparencia del triunfo masista.
Romero es también responsable de que no se auditara el padrón electoral con los precisos alcances que permitieran descartar la reproducción del procedimiento fraudulento formalmente denunciado por la misión de observación de la OEA el año pasado; la transmisión subrepticia de votos falsos desde algún compartimiento secreto del padrón electoral; lo que, simplificando la complejidad técnica, Luis Almagro (no perico de los palotes) ha descrito hace pocos días en CNN como “bombeo de votos”. En efecto, no obstante la absoluta necesidad de esa específica auditoría (que es la misma que ahora solicita la vocal Baptista), dado el gravísimo antecedente del fraude flagrante y todavía fresco, Romero no la dispuso ni la pidió, y por eso, ninguna de las revisiones que se han hecho al padrón en el último año ha tenido el alcance que permita descartar la persistencia de aquel nefasto mecanismo informático. Peor aún, como lo ha demostrado documentalmente el periodista Carlos Valverde, Romero ha impedido el importante avance en la transparentación del padrón que habría significado cotejar masivamente sus registros con los disponibles para el efecto en la base de datos del SEGIP. Si cada uno de estos hechos es, por sí mismo, suficiente motivo de sospecha, todos juntos, como están en la gestión de Romero, representan una enorme montaña de oscuridad de la que fluye el mar de sospecha que existe en gran parte de la ciudadanía. Pero lo peor viene después. Al contrario de contrarrestar la duda del único modo convincente y pertinente, disponiendo la realización de auditorías que transparenten total y exhaustivamente el sistema electoral, Romero se niega a realizarlas, acrecentando substancialmente la oscuridad de sus actos y la sospecha que lo señala.
SOSPECHAS SIN PRUEBAS….???!!!
Para defender la oscura gestión de Salvador Romero, Amalia Pando y Sonia Montaño descalifican a la vocal Baptista con deplorable desaprensión y ligereza. De modo francamente abusivo, y sin asomo de las pruebas que tanto exige al defender a Romero, Pando acusa a Baptista de ser empujada por el gobierno anterior. Que haya sido la anterior Cancillería quien, sin consentimiento ni conocimiento de Baptista, puso en conocimiento público su solicitud de auditoría, puede ser una conducta cuestionable de la Cancillería, pero no de Baptista. Por lo demás, cabe recordar que es Romero, y no Baptista, el vocal del TSE designado por la expresidenta Añez.
Amalia Pando y Sonia Montaño, así como antes Carlos Mesa con alguna diferencia irrelevante en sus palabras, acusan a Baptista de lanzar “sospechas sin pruebas”. Este es demasiado absurdo para reunir tanta inteligencia en su afirmación. Ni el conspicuo historiador, ni la aguda periodista, ni la destacada socióloga parecen reparar en que, por definición, las sospechas excluyen las pruebas, puesto que de tenerlas serían certezas y, por lo tanto, dejarían de ser sospechas. Si Baptista tuviera pruebas, y consiguientemente certeza de fraude, seguramente plantearía una denuncia penal y no una auditoría. Si solicita una auditoría, es porque solo tiene sospechas, y, de acuerdo con la más básica responsabilidad funcionaria, considera inexcusable someterlas al procedimiento idóneo para convertirlas en la certeza que las confirme o descarte. Por cierto, las dudas de Baptista no son arbitrarias ocurrencias exclusivamente suyas. Son compartidas por muchísimas personas dentro y fuera del país, y tienen el sólido fundamento de los hechos mencionados.
Pando, Montaño, una editorial de Página Siete y varios otros comunicadores, incurren en la absoluta falsedad de atribuir a la segunda carta de Baptista, el sentido de una retractación o rectificación. Como me cuesta asumir la mala fe de personas que he conocido, e incluso admirado, por su veracidad, debo limitarme a lamentar que tengan problemas tan severos para simplemente leer, y a extrañarme de que sus problemas de lectura les sean políticamente tan convenientes. Como demostración de que Baptista se retractó en su segunda carta (lo que implícitamente demostraría la irresponsabilidad o mala fe de la primera) afirman que habría afirmado en ella que su solicitud “no pone en duda el resultado electoral”. Pero se les “escapó” la palabra “específicamente”. En su segunda carta Baptista dice que “no pone en duda ESPECÍFICAMENTE el resultado electoral”, lo que es substancialmente distinto a lo que le atribuyen los periodistas de ojos convenientemente cansados, y expresa, si bien indirectamente, la muy razonable y bien fundada duda que tenemos muchísimos bolivianos respecto a las últimas elecciones. En verdad, la segunda carta de Baptista no solo no rectifica la primera, sino que la ratifica, en este caso, de modo literal y sin palabras inadvertidas.
Es notable la elegante zalamería con la que el aludido editorialista de Página Siete le endilga a Baptista su rectificación y, a la vez, la empuja a aceptarla. En una cómica manipulación del orgullo, el editorialista de marras destaca que para rectificarse hay que ser verdaderamente valiente. Baptista ha sido indudablemente valiente, pero, a despecho del ingenioso editorialista, no por rectificarse, sino, exactamente al contrario, por ratificarse después de haber solicitado auditoría y transparencia, desafiando a un poder político convergentemente acomodado en la oscuridad. Si alguien tenía especial obligación moral de reconocer y respaldar la valentía de Baptista, son Amalia Pando y Sonia Montaño, tanto por su asumido compromiso con las mujeres que enfrentan a la prepotencia del poder, como por la elemental solidaridad que debiera brotar de su propia vivencia personal. Pero, en vez de ello, y en evidente adhesión al poder (al menos a alguna de sus miserables parcelitas), han optado por descalificar a Baptista con mentiras groseras y argumentos verdaderamente vergonzosos.
Desconozco las razones por las que Baptista recién ahora formuló su solicitud, lo que también se le cuestiona con sesgo descalificador. Sin embargo, hay varias obviamente plausibles. Primero, que, como era de rigor, lo haya hecho antes en el ámbito institucional interno, y que, al pasar cierto tiempo sin encontrar respuesta positiva, y estar comprometidos sus principios, haya optado por dirigirse a la OEA por cuenta propia. El editorialista de Página Siete, en explícita censura de Baptista, da por sentado que ella no acudió previamente a las instancias internas del TSE. ¿Cómo sabe que no lo hizo?, ¿se lo habrá dicho tal vez Salvador Romero? Otra razón plausible, no necesariamente contradictoria con la primera, radica en que la información que afirmó sus dudas pudo ser para ella relativamente reciente. Desde ya, es recién con los registros de votación de las últimas elecciones (especialmente los de las huellas digitales) que la auditoría solicitada se facilita considerablemente.
CARLOS MESA CONQUISTA Y DEFIENDE SU DERROTA
Retornando al asunto con el que empecé, es pues verdaderamente curioso que, hasta ahora, el oficialismo repuesto por las oscuras elecciones no haya hecho ni dicho mayor cosa para despejar las dudas y afirmar su legitimidad. Es comprensible, dados sus antecedentes y responsabilidades en la turbulencia electoral, que lo haya hecho por él Salvador Romero. Pero es difícilmente comprensible que también lo vengan haciendo los destacados referentes de oposición que creíamos ver en Carlos Mesa, Amalia Pando y algunos otros amigos suyos, desplegándose intensamente cual aparato político y comunicacional de Salvador Romero. Así, Amalia Pando funge de impetuosa -aunque precipitada- relacionadora pública de Romero. En cuanto a Carlos Mesa, habrá que decir que es un muy original líder político; mientras todos los demás que conozco quieren ganar (sobre todo elecciones) y a veces lo hacen a como dé lugar, él quiere perder (sobre todo elecciones) y lo hace a como dé lugar. Ya el año pasado descreía del fraude que avanzaba a gritos (y principalmente contra él) con mucha anticipación a las elecciones, y fue una de las últimas personas en denunciarlo. Este año, le dio su entusiasta felicitación a Arce con apenas el 10 % del conteo oficial (y cuando ese conteo le daba todavía una importante ventaja), y no disimuló su enojo con la solicitud de Baptista que ensombrece su tan auto-reconocida (o celebrada) derrota. Es que Mesa, por muy grandes que sean (como lo son) los hechos que las generan, no tiene duda alguna de su derrota ni de sus inusitadas proporciones, todo lo que tiene es la certidumbre que le brindan las encuestas Mori y, sobre todo, su confianza religiosa en la gestión de Salvador Romero. El problema es que muchos miles de bolivianos votaron por él para que luche, efectivamente, y para que, con esa lucha, sea su leal representante. No votaron por él para que resigne o regale, y sea más bien el incondicional operador político del oscuro Salvador Romero, y menos de las probables y aún más oscuras voluntades que lo determinan.
HOY LA DEMOCRACIA SE LLAMA AUDITORÍA, Y SI NO LA HAY HABRÁ CONFESIÓN DE FRAUDE
Para concluir con lo más importante, no hay justificación posible para la negativa de Romero a la auditoría del padrón electoral. Primero, como se ha dicho, ninguno de los avales que los organismos internacionales han otorgado a este (y que Romero ha mencionado al momento de negar la auditoría) certifica que se halle libre del compartimiento secreto que el año pasado sustentó el “bombeo de votos” (Almagro dixit). Luego, no hay posibilidad de perjuicio alguno que pueda causársele al Estado o a la sociedad boliviana, pues la auditoría no tendría un costo alto, y si cual fuera este el Estado no quisiera cubrirlo, con toda seguridad (y facilidad) lo haría la recaudación de fondos entre los muchos ciudadanos que ya hicimos sacrificios bastante mayores para defender nuestro derecho a elegir nuestros gobernantes. Asimismo, la realización de la auditoría no exige detener ni postergar ninguna función o actividad de entidad pública alguna.
Pero lo más importante de considerar es que si la elección fue limpia, como lo sostienen Romero, el MAS y los presuntos opositores de referencia, la auditoría solo podrá confirmarlo. Con ello, la gestión de Romero quedaría históricamente reconocida como la que recuperó el ejercicio electoral de la democracia, el nuevo gobierno obtendría la plena legitimidad que ahora le niega la duda extendida en amplios sectores de la sociedad, Mesa y sus amigos podrían enorgullecerse de la fe depositada en Romero, y todos los que dudamos tendríamos que cambiar nuestras sospechas por confianza en la administración electoral. Por ello mismo, si la negativa a la auditoría termina impidiéndola, será razonablemente asumida, por todos los muchos ciudadanos que de momento solo tenemos bien fundadas sospechas, como la tácita confesión del fraude repetido. De ello y de sus consecuencias no seremos culpables los que, con todo derecho y razón, hoy exigimos transparencia, lo serán Salvador Romero y los que lo ayudan a oscurecer la democracia recuperada.