Manuel Morales Alvarez
En la papeleta electoral para elegir magistrados al Tribunal Agroambiental hay 12 postulantes, de los cuales 10 llegaran a ser autoridades de esta institución, aun cuando tengan una mínima votación, cinco serán titulares y cinco suplementes, es decirel 83% de ellos ya son parte de la institución sin mover un dedo, esto debido a la pésima preselección realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, al desprestigio del mismo proceso de elecciones para magistrados, a la ausencia de postulantes con vocación de defensa del medio ambiente y de la cuestión agraria.
La institución como tal, el Tribunal Agroambiental, ni siquiera se halla en crisis, porque es simplemente un florero, no tiene ningún peso ni importancia al momento de garantizar el derecho a la alimentación, a un medio ambiente sano, a la no contaminación del aire, a la no contaminación del agua, a que no se quemen bosques, etc.
Los magistrados del Tribunal Agroambiental, seleccionados en dos procesos electorales, una vez en sus cargos, boicotearon la elaboración y aprobación del Código de Procedimiento Agroambiental desde 2009 a la fecha y con ello le quitaron toda posibilidad de ser un instrumento de justicia agraria, ambiental, de defensa de la naturaleza, siendo una jurisdicción mediocre y contra los intereses de la ciudadanía. Durante estos años, del 2011 al 2017 y del 2017 a la fecha, los magistrados agroambientales administraron causas irrelevantes, es más, la justicia ordinaria y la constitucional se apropiaron de las demandas agroambientales, pasando por encima de esta jurisdicción.Frente a la ausencia de un Código Procesal Agroambiental, las causas expresadas en demandas de acción popular y otras de orden constitucional fueron presentadas a salas constitucionales como si no existirían los juzgados agroambientales.
El año 2009 se aprobó la nueva Constitución Política del Estado y nacía la jurisdicción agroambiental, con la deuda histórica de superar la labor del Tribunal Agrario Nacional, una institución creada en 1999 y con graves falencias a la par del histórico fracaso del INRA de culminar el saneamiento de tierras.
Lo que hizo el gobierno del MAS en materia agraria y ambiental fue incumplir leyes y la misma Constitución Política del Estado. Puso en la congeladora el proceso de saneamiento de tierras y por lo tanto el Tribunal Agrario Nacional y el posterior Tribunal Agroambiental. La política de tierras y su administración paso a la sombra, a un manejo oscuro, por ser fuente de riqueza y poder.
El proceso de saneamiento de tierras debería terminar el 2017, sin embargo, continúa hasta la fecha sin posibilidades reales de cierre. El 17 de octubre de 2013, mediante la Ley Nº 429, el gobierno de Evo Morales dispone: “Artículo Único. Se amplía el plazo para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro (4) años, plazo que regirá una vez concluida la vigencia de la Ley N° 3501 de 19 de octubre de 2006”. Del 2018 a la fecha han pasado otros siete años y no terminan este proceso.
El 19 de octubre de 2024, el actual director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, solicito a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID para “terminar el proceso de saneamiento de tierras”. Dicho crédito fue rechazado y por lo tanto no se sabe cuándo acabará el registro y legalización de la propiedad agraria en Bolivia. Para más datos, Núñez dijo: “Al menos 332.556 propietarios son perjudicados por la no aprobación del crédito de $us 40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que permitirá concluir el saneamiento de tierras en Bolivia”. Dijo -además- “para concluir con el saneamiento de tierras en el país, resta por titular 7.467.243 hectáreas.A escala departamental, en Chuquisaca se saneó el 96% de tierras, falta un 4%; en La Paz falta el 21%; en Cochabamba un 8%; en Oruro un 4%; en Potosí el 2%; en Tarija el 9%; en Santa Cruz un 5%; en Beni un 8% y en Pando el 1%.De este 7% que falta por sanear, el 18% corresponde a la propiedad comunitaria, 16% a la empresarial mediana; 10% a la pequeña propiedad; 24% a la tierra fiscal no disponible y 5% a la tierra fiscal disponible”(https://www.abi.bo/index.php/component/content/article/36-notas/noticias...).
Queda claro que no se terminará el saneamiento de tierras en este gobierno, así como no se tendrá una verdadera política ambiental y de defensa de la naturaleza. Seguirán dándose los avasallamientos de tierras; se mantendrá la política de no reversión de tierras a aquellos propietarios que incumplen con las disposiciones legales, así la Ley Nº 740, Ley de Ampliación del Plazo de Verificación de la Función Económica Social FES, determina: “Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el plazo excepcional de cinco (5) años en la verificación de la Función Económica Social, aplicable en procedimientos de reversión de la propiedad agraria”.
Por lo expuesto y otros considerandos a tratarse en otros escritos, puedo evaluar a los magistrados del Tribunal Agroambiental con una calificación de cero. La jurisdicción agroambiental no tiene ninguna participación en la defensa de la naturaleza como sujeto de derechos, enunciada en la Ley Nº 300 y otras disposiciones. Respecto a los juzgados agroambientales una incidencia en la materia absolutamente intrascendente.
Otra institución completamente “aplazada” en su trabajo es el INRA, como vemos el MAS verdaderamente se ha dedicado a hundir la institucionalidad agraria y ambiental.
17 de noviembre de 2024