Manuel Morales Alvarez
El Estado Plurinacional de Bolivia comete ecocidio tras la quimera de promover un supuesto desarrollo de las actividades agropecuarias o agroindustriales, incluida la producción de alcohol anhidro y aceite para la mescla con diésel.
Hemos denunciado la existencia de un “paquete de normas incendiarias”, entre leyes, decretos supremos, modificaciones de planes de uso de suelos, que nacen el 2013 y que se prolongan hasta el presente. El paquete de normas incendias corresponden a una perversa “sedición jurídica” contra la Constitución Política del Estado, normas favorables a los derechos de la naturaleza y los derechos humanos imbricados con el bien común. Pero más allá de las leyes, la realidad es que el Estado boliviano promueve, protege y alientan las quemas incontroladas, la contaminación de suelos, aire, agua, daña profundamente la biodiversidad, en otras palabras, promueve un ecocidio y no la vida.
Acometer contra los bosques, ríos, biodiversidad, la salud de las personas se inspira en la idea demencial de ampliar la frontera agropecuaria, producir agrocombustibles y no alimentos para el pueblo, habilitar tierras para la compra y venta.
El pivote de este esfuerzo ecocida gira en torno al incremento de los transgénicos: ya sea para la exportación de commodities o la producción de los agrocombustibles destinados a parchar la incapacidad del gobierno de administrar adecuadamente la producción de hidrocarburos. Trocar bosques por transgénicos para beneficiar a privados es el peor negocio que el Estado boliviano puede promover.
El año 2006, el sector agropecuario empleaba a más del 39% de la Población Económicamente Activa PEA, para el 2017, el sector empleó al 30.3% de la PEA, es decir, 9% menos y esta tendencia continua a la baja.
Incluso el argumento de que la quema de árboles, pajonales, arbustos “es buena para la enriquecer la tierra” se desmorona cuando se evidencia la baja productividad o rendimiento de los productos bolivianos. De 2006 a 2018 el rendimiento de la soya es del 2% en promedio (toneladas por hectárea) mientras la Argentina y Paraguay bordean el 2.9% y el Brasil supera el 3.2%; en ese mismo periodo de tiempo Bolivia tiene un rendimiento de 2.5% en la producción de maíz, Argentina el 7%, Paraguay el 5.3%, Brasil 5.1%, Ecuador el 3.9%; en quinua, Bolivia tiene un rendimiento de 0.56% (toneladas por hectárea) mientras el Ecuador 1.5% y Perú 1.3%; en el periodo de tiempo de 2006 a 2018, el rendimiento de la papa argentina es del 32%, Brasil del 30%,Perú del 15, mientras que Bolivia produce el 5.7%. Y en el tema de la carne de res, ya que se queman inmensos terrenos para la ganadería, en Bolivia se tiene un rendimiento de 195 kilos por animal, mientras en el Brasil llega a 247, en Paraguay 242, en Argentina 226.
El Estado Plurinacional de Bolivia, los sectores empresariales, interculturales e indígenas son los causantes de las quemas. Y el paquete de normas incendiarias nació el año 2013 con el exclusivo propósito de protegerlos, son leyes en vigencia denominas “leyes de los perdonazos”: Ley Nº 337 (2013), Ley Nº 502 (2014), Ley Nº 739 (2015) y Ley Nº 952 (2017) todas ellas llevan el rótulo de “apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, además de fijar y ampliar los plazos para el registro a un programa donde todos los autores de quemas e incendios eran exonerados de responsabilidad penal, civil y administrativa a cambio de “sembrar alimentos y árboles”. La primera de estas normas, amplía los beneficios a los delincuentes ambientales, de manera retroactiva, hasta el 12 de julio de 1996, cuando el artículo 109 de la Ley del Medio Ambiente, Ley Nº 1333 establece sanción penal para esta actividad ilegal de 2 a 4 años de pena y multas.
La Ley Nº 740 (2015) Ley de ampliación del plazo de verificación de la Función Económica Social, suspende las reversiones de tierras no saneadas y neutraliza el control del Estado sobre su uso y evita la consumación de medidas coercitivas en su contra.
La Ley Nº 741 (2015) autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; el texto de la norma posibilita una quema “descontrolada en los hechos”: “…en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial – POP, o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada”.
“II. En caso de la propiedad comunitaria o colectiva, la autorización del desmonte hasta veinte hectáreas (20 ha) se realizará por unidad familiar”.
La Ley Nº 1171 (2019), Ley de uso y manejo racional de quemas, no debe tener parangón a nivel mundial, pues le confiere al incendiario la capacidad “racional” de controlar el incendio provocado, algo que está demostrado en todo el mundo, que no es posible de controlar y normar.
La Ley Nº 1098 (2018) promueve la ampliación de los cultivos para la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivos de Origen Vegetal (Etanol Anhidro y Biodiesel), dada la crisis de importación de carburantes.
El Decreto Supremo Nº 3973 (2019) autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni, luego será el gobierno de Jeanine Añez quien lo abrogue, y ponga en vigencia el Decreto Supremo Nº 4334 (2020) que determina la autorización de desmonte pero con otras palabras. Una verdadera burla.
El Gobierno de Luis Arce ha ampliado estas normas con el Decreto Supremo N° 5197(14 de agosto de 2024) que ofrece incentivos para la producción de biodiesel basados en “nuevas superficies cultivables y/o incrementar la productividad, como materia prima destinada a la obtención de Biodiésel”, es decir, seguir la quema, ampliar frontera agrícola, beneficios como arancel cero para importaciones, acceso a fideicomisos, entre otra medidas.
Todo esto es parte de una tragedia promovida por mezquinos intereses de particulares y de un Estado verdaderamente ecocida. Esperemos poder revertir toda esta maquinaria de muerte que se ha desarrollado al interior de nuestros bosques y de nuestras tierras.
9 de septiembre de 2024