Manuel Morales Alvarez
La pausa ambiental es un Decreto Supremo que lleva el número 5225 y fue aprobado por Luis Arce y sus Ministros el 11 de septiembre de 2024, con la retórica de defender el medio ambiente. En dicha disposición legal se establece que con la finalidad de proteger el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y las actividades de la población boliviana ante la emergencia nacional por incendios, se declara “pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional”, con los siguientes efectos:
- Todas las autorizaciones de quemas emitidas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT quedan suspendidas;
- Se prohíbe la emisión de autorizaciones de quema por la ABT.
El Decreto Supremo Nº 5225, también dispone que “las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios serán consideradas Tierras Fiscales No Disponibles por un periodo mínimo de cinco (5) años hasta que se proceda a su restauración y su posterior utilización”.
En la disposición transitoria establece que en diez (10) días hábiles, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, deberán reglamentar la norma.
No pasó ni 18 días y el gobierno de Luis Arce firma un compromiso con los interculturales, que es una de las organizaciones del Pacto de Unidad y que pertenecen al Movimiento Al Socialismo MAS, para regionalizar la Pausa Ambiental y otorgar autorizaciones de quemas a favor del sector intercultural. El Ministro de Medio Ambiente y Agua MMAyA, Alan Lispenguer, firma el compromiso y rompe el carácter absoluto que tiene la pausa ambiental de alcance nacional.
Los incendios continuaran, con la doble moral del gobierno de Luis Arce, al autorizarse a los interculturales través de la ABT en aquellos departamentos o regiones donde están asentados, es decir, en todo el país.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Senado abrogó la Ley Nº 337 de 11 de enero de 2013,Ley de Apoyo ala Producción de Alimentos y Restitución de bosques y sus modificaciones contenidas en la Ley Nº 502 de 26 de febrero de 2014, la Ley Nº 739 de 29 de septiembre de 2015 y la Ley Nº 952 de 26 de mayo de 2017, mediante el Proyecto de Ley 016/2023-2024. Luego, mediante el Proyecto de Ley 05/2023-2024, se abrogó la Ley N° 1171, Ley de uso y manejo racional de quemas de 25 de abril de 2019, pero en la Cámara de Diputados los proyectos abrogatorios no se agendaron por decisión de las alas arcistas y evistas del MAS. Se colige, que el gobierno de Luis Arce no busca la abrogación del paquete de normas incendias y que el Decreto de Pausa Ambiental y cualquier otra iniciativa, forman parte de una maniobra política, de una distracción.
La pausa ambiental, ya sea regulada por una Ley o por un Decreto Supremo, impedía nuevos incendios “legales”, con ello se establecía una prevención de incendios forestales y la protección de los ecosistemas del país, que es uno de los objetivos estratégicos de la sociedad civil organizada para defender nuestra casa grande en la que vivimos.
El hecho de que el gobierno de Luis Arce hubiera vuelto inaplicable la pausa ambiental, con la falta de su reglamentación, pero por sobre todo con las autorizaciones a los interculturales para que puedan quemar “regionalizadamente”, fruto del acuerdo del 29 de septiembre de 2024, nos lleva a constatar la plena vigencia del paquete de normas incendiarias, es decir, la Ley Nº 337, Nº 502, Nº 739 y Nº 952, que dan respaldo legal al perdonazo a los dueños de predios que quemaron el país desde 1996 hasta el presente. En este contexto, se difundió la noticia de un acuerdo entre el ex Procurador del Estado César Silescon empresarios agropecuarios para paralizar investigaciones sobre quemas en el Beni y Santa Cruz. Y si bien la noticia fue negada por la autoridad, tampoco existen datos que evidencien el procesamiento penal de 74 casos y más de 270 procesos administrativos por quemas e incendios con reversión de tierras.
Por el contrario, ya el mismo Ministro de Medio Ambiente y Agua MMAyA, Alan Lispenguer, cedió también frente a los interculturales para disminuir las sanciones contra los responsables de los chaqueos ilegales, establecidas en el Decreto Supremo N° 5203, de 21 de agosto de 2024, donde se fijó: “La unidad de referencia del sistema será igual al equivalente en Bolivianos de entre UFV190.- (CIENTO NOVENTA 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA) a UFV976.- (NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA) por hectárea, según la gravedad de la contravención, aplicado sobre la extensión total del predio, que se irá incrementando sucesivamente en un cien por ciento sobre la base de la multa anterior, más el plus que en su caso corresponda, trátese de actos de resistencia o reincidencia, hasta que el obligado cumpla con las respectivas obligaciones de hacer o no hacer impuestas por los correspondientes libramientos de conminatoria y en los plazos por ellos previstos."
Cabe preguntar, ¿se puede sancionar penalmente a unos mientras se disminuye las sanciones para otros? Ambos sujetos incendiarios?
El gobierno de Luis Arce ha cometido uno de los peores engaños a la población boliviana y evidencia una doble moral en materia ambiental. Luis Arce es polimorfo, mantiene su perfil ecocida y pretende aprobar políticas de pausa ambiental para desdecirse inmediatamente.
Tal como está expuesta la situación y en vista a que aún no hemos ingresado a la época de chaqueos previos a las siembras y lluvias, en las próximas semanas se incrementaran los incendios al tiempo de implementarse las medidas correspondientes a la declaratoria de emergencia nacional por incendios, es decir, un esfuerzo por apagar incendios y por el otro de seguir provocándolos.