Manuel Morales Alvarez
El nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que Bolivia perdió más de 100 mil millones de dólares en fondos internacionales debido a la falta de alineación con las políticas globales sobre cambio climático en administraciones pasadas. Esta cifra fue mencionada en el contexto de la presentación de una nueva política ambiental y productiva enfocada en la economía verde y la sostenibilidad.
Sin embargo, esta información es incorrecta y desproporcionada respecto al daño económico que Bolivia podría haber enfrentado. Además, la declaración proviene de un ministerio que no tiene tuición sobre la problemática medioambiental. En este sentido, es pertinente señalar que el responsable del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente es José Fernando Romero Pinto, autoridad que no se ha pronunciado al respecto.
Justiniano proviene del sector del agronegocio. Fue presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC); director, vicepresidente y presidente de la Asociación de Productores de Porcinos (ADEPOR); vicepresidente y presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); director y presidente de FEXPOCRUZ; además de presidir CONFEAGRO y CIAT, y ejercer como director del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Romero, por su parte, es productor agropecuario en la cadena de cultivos transgénicos —soya, maíz, girasol, sorgo, trigo y chía— y fue presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Tanto estos dos actores gubernamentales como las instituciones de las que provienen han mantenido históricamente una postura adversa hacia el medio ambiente. Al mismo tiempo, manifiestan su interés por lucrar a partir de él mediante actividades que permitan explotar la tierra sin controles ni límites, buscando además acceder a los recursos financieros internacionales derivados de la mercantilización del cambio climático, los cuales necesariamente se canalizan a través de la administración pública y no de las instancias privadas, al menos hasta ahora.
La situación descrita no constituye un punto de partida con la llegada del gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara, sino la continuidad de las políticas públicas desarrolladas por el Movimiento al Socialismo (MAS) en detrimento de la naturaleza. Antes de la llegada de Evo Morales al gobierno en 2005, los problemas ambientales de Bolivia se centraban en la deforestación impulsada por la agricultura comercial y la ganadería —especialmente en Santa Cruz—, así como en los impactos de la minería en ríos y áreas protegidas, y la expansión de actividades ilegales en ecosistemas frágiles, incluyendo cultivos excedentarios de hoja de coca en parques nacionales.
La Cumbre de Tiquipaya de 2010, realizada tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, tenía como objetivo establecer “mandamientos” para salvar a la Madre Tierra. Sin embargo, Evo Morales, en un cambio de rumbo, abordó temas ajenos al propósito central —como el supuesto vínculo entre el consumo de pollo con hormonas y la calvicie— y el evento culminó en una simple declaración. A partir de entonces, no se logró impulsar una protección efectiva de los “derechos de la Madre Tierra”, dando paso a un modelo de extractivismo puro. Entre los hechos más agresivos se encuentran los intentos de intervenir el TIPNIS bajo el pretexto de una carretera; la aprobación de normas que incentivaron la ampliación de la frontera agropecuaria mediante incendios; el perdonazo a los responsables de quemas; y la “Cumbre Sembrando Bolivia” de 2015, que consolidó la alianza entre el agronegocio y el gobierno del MAS. Todo ello derivó en niveles alarmantes de ecocidio, como la quema de la Chiquitanía en 2019.
El gobierno de Jeanine Áñez incorporó en ministerios y entidades públicas a figuras políticas y empresariales vinculadas al sector agropecuario. Posteriormente, el gobierno de Luis Arce continuó estas políticas, implementando cierto control estatal sobre la producción agropecuaria —como los cupos de exportación— mientras mantenía subvenciones e incentivos al sector empresarial. Destaca el año 2024, cuando más de 12,6 millones de hectáreas de bosques y áreas no boscosas fueron quemadas. Arce concluyó su gestión dejando la arquitectura normativa e institucional para monetizar los bonos de carbono.
La llegada del gobierno de Rodrigo Paz mantiene esta visión que concibe la naturaleza, el medio ambiente o la Madre Tierra como objetos de simple extractivismo. Por ello se ha degradado la jerarquía institucional de las políticas de agua y medio ambiente, al reducirlas de nivel ministerial a viceministerial. Habrá consecuencias, pero sobre ellas escribiremos en otra oportunidad.
27 de noviembre de 2025