Manuel Morales
Los actuales interventores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH carecen de una trayectoria de logros que respalde su credibilidad para la tarea que pretenden asumir, y los antecedentes recientes no invitan al optimismo: el escándalo de la "gasolina basura", el fallido Decreto Supremo 5676 y la persistente escasez de diésel a nivel nacional configuran un panorama donde esta intervención parece condenada al fracaso desde su anuncio.
El caso de la gasolina basura evidenció fallas estructurales profundas en el Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y la ANH, con máximas autoridades y estructuras completas que tienen serias responsabilidades no investigadas ni sancionadas plenamente por la justicia, y que corresponden a la presente gestión de gobierno de Rodrigo Paz, lo que agrava el cuestionamiento a la medida.
El Decreto Supremo 5676, promulgado el 17 de agosto de 2026, estableció un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores mientras que para el resto de la población se mantuvo en Bs 9,80, con el objetivo declarado de reducir la subvención y frenar el contrabando, pero los hechos demuestran que fue un rotundo fracaso: no resolvió el desabastecimiento, transportistas y productores reportan que las filas persisten, sectores aliados al gobierno como el agronegocio exigen su abrogación inmediata, el mercado negro ha elevado el precio del diésel hasta Bs 30 por litro y la norma ha profundizado las distorsiones económicas en el país.
La escasez de diésel no es un fenómeno nuevo sino la manifestación de una crisis estructural que esta intervención no podrá resolver por sí sola, porque Bolivia importa el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, y el principal obstáculo es la falta de divisas; mientras el país no genere suficientes dólares, ninguna medida administrativa garantizará el abastecimiento, y el propio ministro de Hidrocarburos ha reconocido que, pese a tener "el 100% de suministro", las cisternas "desaparecen", lo que apunta a redes de desvío y contrabando, además de los 600 usuarios con acceso irregular al sistema de YPFB que ya han sido detectados.
La evidencia disponible indica de manera contundente que las autoridades de YPFB y la ANH no solo tenían conocimiento de los problemas internos que generaron corrupción e ineficiencia, sino que, en muchos casos, participaron activamente en las decisiones que los originaron o perpetuaron, como lo demuestra el hecho de que en marzo de 2026 el entonces presidente de YPFB, Yussef Akly, reconociera que contratos irregulares para la compra de aceite de soya, que generaron un daño económico de Bs 1.000 millones, eran conocidos por "las máximas instancias" de la empresa y por los directorios que los avalaron, o que la ANH hubiera ordenado el precintado de cinco tanques por sospechas de combustible contaminado solo para que el Ministerio de Hidrocarburos, mediante resolución ministerial, autorizara el desprecintado para "garantizar el abastecimiento", demostrando que el problema era conocido por la entidad reguladora pero una autoridad de mayor rango anuló la medida de control.
Cuando el ministro Marcelo Blanco justifica la intervención porque "las medidas ordinarias no pudieron solucionar el problema", confirma que los actuales interventores eran conscientes de la crisis y habían intentado sin éxito resolverla con anterioridad, y el viceministro de Transparencia, Yamil García, ha afirmado que las autoridades reciben denuncias relacionadas con el sector hidrocarburífero "de manera constante", lo que indica que los problemas no eran secretos ni desconocidos.
La pregunta entonces no es si sabían, sino por qué, a pesar de saberlo, no actuaron para detenerlo y, en algunos casos, facilitaron que los problemas continuaran. Llegado a este punto, queda claro que la intervención es una jugada política y comunicacional para tapar errores propios, "meterle mano" a YPFB y los recursos que administra, permitir el ingreso de sectores privados a un negocio que desde la llegada al gobierno de Rodrigo Paz es considerado como tal, y dar continuidad al saqueo de las empresas estatales iniciado por el gobierno de Luis Arce, particularmente de YPFB. En definitiva, no se trata de una intervención técnica para sanear instituciones, sino de una operación político-empresarial que, con los mismos actores y sin abordar las causas estructurales, difícilmente podrá ofrecer resultados diferentes a los ya conocidos.
3 de septiembre de 2026