Por Ernesto Rude - Politólogo
Días atrás en Berlín, se dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mundial 2024. Un estudio anual llevado adelante por Transparencia Internacional, una red global de organizaciones no gubernamentales, que monitorean la percepción social de la corrupción en el sector público en 180 países, mediante encuestas de percepción por país a personas expertas y empresarias, que da como resultado una calificación donde 0 (cero) es una percepción de mucha corrupción y 100 (cien) la percepción de corrupción muy baja.
El informe indica que por séptimo año consecutivo Dinamarca tiene la mayor puntuación (90), el país menos corrupto del globo. Pero preocupan otros temas indicados por el presidente de Transparencia Internacional François Valérian, “La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos (…)”.
Un tema que indica el informe, es que se ha incrementado a dos tercios los países que están por debajo de 50 puntos, muchos vulnerables al cambio climático. Otros países con capacidad de mitigación al cambio climático y participación activa en la acción climática internacional han bajado su calificación anterior como los Estados Unidos (65), Canadá (75) y Nueva Zelanda (83).
Un cuarto de todos los países ha alcanzado su calificación más baja, entre ellos Bolivia que califica con 28 puntos en el puesto 133/180, por encima de países con las calificaciones más bajas en esta lista como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Haití (16), Rusia y Honduras (22), Irán (23), México (26). En la región estamos posicionados por debajo de El Salvador (30), Brasil (34), República Dominicana (36), Argentina (37), también del promedio mundial de 43 puntos y muy lejos de Uruguay (76).
Otro tema que preocupa, es la corrupción vinculada a la presión empresarial y la presión social por hidrocarburos, en un contexto de competencia mundial por la transición energética, ambos impactan ambientalmente en el globo a través de la corrupción. Del informe global del IPC se puede observar casos puntuales en Bolivia de acuerdo a los siguientes tres fenómenos de corrupción:
1) “fenómenos climáticos”, son seis años seguidos de incremento de hectáreas quemadas en el país. La explotación de estas áreas quemadas, obedece a varios intereses económicos contrarios a la norma e interés ambiental, como son los asentamientos humanos irregulares, la expansión de la frontera agrícola sin planificación, la explotación minera de tierras raras cotizadas en mercados internacionales, el comercio de tierras y de suelos urbanos entre otros. Intereses que al actuar al margen de la constitución, leyes y políticas nacionales se encuentran corrompiendo el sector público.
2) “declive del liderazgo ambiental”, las acciones propias de gobierno corrompen de igual manera la norma pública, por ejemplo el SERNAP con la concesión de ingreso y actividad a organizaciones mineras en “áreas protegidas”, sin previo estudio ambiental, consulta previa a pueblos afectados o proyecto que mitigue esta explotación y compense a la dimensión social, ambiental y tributaria local.
Otros ejemplos son los “lito contratos”, que generan la percepción de corrupción por información de oferta y aceptación de favores empresariales a legisladores, esto para contar con contratos muy favorables para la explotación de litio, corrompiendo los procesos de concesión.
3) “erosión de la democracia”, está demás decir que ésta es más que el método del voto, es esencialmente el ejercicio de una justicia competente para solucionar de manera imparcial los conflictos de interés entre ciudadanos, todos iguales ante la ley. Si bien hay jueces recientemente electos en elecciones judiciales parciales, ahora rige la triada autoritaria Arce-Hurtado-Espada, alianza judicial y ejecutiva que ha anulado al primer poder del Estado, la asamblea legislativa nacional y tiene en la mira al Tribunal Supremo Electoral, corrompiendo los mandatos constitucionales.
Conclusión, la corrupción pública global trasciende a los gobiernos de cada país, son de alguna manera resultado del funcionamiento de las diferentes sociedades del mundo. De las y los ciudadanos de la sociedad propia en cada país y que tal vez radica en su cultura política.
En concreto, tenemos tolerancia a la corrupción gubernamental. La toleramos mientras exista una oferta política de preferencias de arriba-abajo sobre concesiones de beneficio común a diferentes clases sociales, por ejemplo la escaza disposición de combustibles subvencionados para consumo doméstico, comercial e industrial, o el tipo de cambio fijo o también subvencionado frente al mercado real de monedas, éstos son medios que proveen gran parte de nuestras necesidades e insumos de reproducción social.
Como sociedad ¿cuán dispuestos estamos a sacrificar estas concesiones? ¿adoptamos una tolerancia cero a la corrupción pública y social o no tan cero?