Manuel Morales Alvarez
Circulan en boca de algunos precandidatos la oferta de utilizar los bonos de carbono “cuando sea presidente” transmitiendo un supuesto beneficio para el país, al tiempo de desconocer que dicha propuesta ya está siendo operativizada por el gobierno de Arce.
El 3 de diciembre de 2024, publique una nota de opinión en ERBOL con el título: “Arce lucra nuestro capital natural por 5 mil millones de dólares” (https://erbol.com.bo/opinion/arce-lucra-nuestro-capital-natural-por-5-mil-millones-de-dólares) donde explico con mucho detalle el contenido de la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0040/2024, 19 de junio de 2024, del Tribunal Constitucional Plurinacional Autoprorrogado, que modifica la Ley Nº 300 en su artículo 32.5 que facilitaría la vigencia de los bonos de carbono. Esta primera constatación normativa permite afirmar, que los bonos de carbono son una realidad jurídica y que por lo tanto no pueden ser objeto de promesa electoral. Pero hay varios elementos más que son necesarios de analizar.
El 30 de octubre de 2024 el gobierno de Luis Arce aprueba el Decreto Supremo Nº 5264 para monopolizar las fuentes de financiamiento climático, incluidos los bonos de carbono.
En concordancia con lo anterior, el 14 de noviembre de 2024, la firma estadounidense Laconic Infrastructure Partners, anunció que recibió una solicitud del Gobierno de Bolivia para utilizar su plataforma SADAR (https://www.laconicglobal.com), que permitirá a Bolivia generar ingresos económicos a partir de la conservación de sus bosques, ríos y otros ecosistemas. Estos fondos serán destinados a cumplir con los objetivos climáticos que se ha propuesto el país, conocidos como Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).
El anuncio fue publicado en el portal especializado PR Newswire, que explica que al utilizar la plataforma de titulización de carbono de Laconic, se agregarán múltiples flujos de datos ambientales a gran escala para monetizar hasta $us 5 mil millones de las reservas de carbono presentes y futuras de Bolivia, en la primera venta de carbono soberano de referencia (https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/laconic-y-el-estado-plurinacional-de-bolivia-anuncian-una-transaccion-de-carbono-soberano-de-5-000-millones-de-dolares-302305428.html).
SI el gobierno de Arce emitió el Decreto Supremo Nº 5264 y firmó contrato con algún intermediario financiero climático, significa que ya está implementado la política de los bonos de carbono. Seguramente esos contratos serán conocidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional más adelante.
El Decreto Supremo Nº 5264 ya rayo la cancha a favor del gobierno para la obtención de los recursos de financiamiento por el cambio climático, se detallan las instituciones que operativizaran está iniciativa, los mecanismos de registro, la subordinación de ONG´s y otros actores a la decisión gubernamental.
Finalmente, la Ley Nº 1613 de Presupuesto General del Estado Gestión 2025 ha realizado disposiciones complementarias a lo descrito y establece:
“ARTÍCULO 18. (OPERACIONES EN MERCADOS DE CARBONO).
I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como entidad competente del Estado, a suscribir documentos, administrar, negociar, transferir, dar en garantía, efectuar ventas a futuro y realizar otras mejoras y/o innovaciones que potencien la transacción en interés del país, con Unidades de Reducción de Emisiones certificadas y registradas como Créditos o Bonos de Carbono a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia.
II. Las entidades públicas o privadas involucradas en la emisión, certificación, validación y registros de las Unidades de Reducción de Emisiones son responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas y las emergentes de esas operaciones.
III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional, de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones señaladas en el Parágrafo I del presente Artículo, de acuerdo a prácticas internacionales.
IV. Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados contratados, vinculados a las operaciones señaladas en el Parágrafo I, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - IUE.
V. Las operaciones autorizadas en el Parágrafo I del presente Artículo, podrán o no concretarse en función a la situación de los mercados de carbono y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación.
VI. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumirá los costos derivados de las operaciones establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo, aun cuando las mismas no se hubieran concretado.
VII. El presente Artículo será reglamentado mediante Decreto Supremo específico”
En este contexto, mi criterio es que los bonos de carbono se tramitaran por “bosque no quemado”, de manera que si el año 2024 el ecocidio de incendios forestales y no forestales, llegó a los 14 millones de hectáreas calcinadas, si el 2025 se queman menos hectáreas, el saldo podrá ser demandado para su transformación en bonos de carbono. Este es el negocio de un gobierno ecocida.
Los bonos de carbono no es el pago por la cobertura boscosa boliviana o por su mantención, sino por la no quema. !Si el año pasado se quemó todo lo que se pudo, ahora corresponde dejar de quemar menos y cobrar por esto!.
Terminó este análisis con dos puntualizaciones:
La primera, es el uso que se hace de los indígenas como beneficiarios de os bonos de carbono, situación instrumental repugnante. Los indígenas de áreas boscosas no llegaran más que a recibir migajas.
La segunda, los intermediarios financieros climáticos (transnacionales) se quedan con la porción más grande del bono de carbono, hasta el 70% y el gobierno con un saldo pequeño para repartir a sí mismo, luego a algún pueblo indígena y por supuesto, que las regiones o municipios o departamentos no obtendrán nada sustancial. Lo mismo sucederá con las ONG´sque ya se están alistando para contar con una nueva fuente de financiamiento para sus operaciones.
En todos los casos de nuevo se instala la hipocresía ambiental a nombre de los pueblos indígenas y la naturaleza.
Aquellos candidatos o autoridades que hablan de los bonos de carbono como oferta electoral sin saber de qué hablan hay que pedirles mayor seriedad y responsabilidad.
6 de febrerode 2025