Manuel Morales Alvarez
La tragedia de los incendios en Bolivia comienza en el mes de junio y dura hasta noviembre, son seis meses de ecocidio profundo, donde actores diversos, empresarios y agropecuarios, interculturales, indígenas, se dan a la terea generar incendios para matar a los bosques, ampliar la frontera agropecuaria, cambiar la enclenque normativa del uso del suelo y con ello acceder a la propiedad de la tierra para especular e enriquecerse con la misma.
Que gran tragedia, nadie defiende efectivamente a nuestros bosques, a nuestro mar verde. Pese al esfuerzo de algunos bomberos voluntarios, el fuego muere en diciembre con las primeras lluvias dejando su secuela de millones de bosques quemados. En este contexto, el Estado es cómplice y promotor del ecocidio, por su incapacidad y por el uso de esta metodología que permite el acceso violento a la renta de la tierra por parte de estas nuevas mafias.
Entre los meses de junio y julio se presentan el 18% de los incendios; entre agosto, septiembre, y octubre la presencia de los incendios crece hasta ser un 81% y finalmente bajan en noviembre y diciembre a un 1% aproximadamente.
El año 2024 bajo la Presidencia de Luis Arce se quemaron 12.6 millones de hectáreas (Fundación Tierra), el ecocidio de mayor proporción de nuestra historia. El 68% de los incendios se dio en Santa Cruz con 8.503.352 hectáreas afectadas y el 28% en el Departamento del Beni con 3.498.098 hectáreas. Gracias a la Fundación Tierra sabemos que el 60% fueron bosques y 40% áreas no boscosas y pastizales quemadas. 66% fueron incendios intencionados y 34% incendios con fines agropecuarios, que también terminan siendo intencionados.
Para ilustrar la magnitud de la tragedia, en el caso de Santa Cruz, municipios como Concepción y San Matías superaron los dos millones de hectáreas quemadas respectivamente, San Ignacio de Velasco superó el millón y medio de hectáreas. Se sabe que desde 1985 hasta la actualidad, la superficie de lagunas, ríos y otros cuerpos de agua en el municipio de San Ignacio de Velazco se ha reducido en un 71,5 %. A su vez, desde 2019, no ha habido un solo año en que la sequía no haya golpeado con severidad la región. En 2021, la crisis hídrica alcanzó su punto más crítico: la sequía crónica secó por completo la represa del Guapomó, cuyos niveles descendían año tras año, dejando a 30.000 personas sin acceso al agua. En los últimos seis años, el gobierno municipal de San Ignacio de Velasco se ha declarado en desastre por sequía al menos en cinco ocasiones a través de Leyes Municipales Nº 413/2019, Nº 432/2020, Nº 540/2022, Nº 543/2023 y Nº 613/2024 (Ver las investigaciones de Stasiek Czaplicki, Carlos Quezada Lambertin, Roberto Navia en https://revistanomadas.com).
En San Ignacio de Velasco, el 46% del municipio ha sido afectado al menos una vez por el fuego en las últimas dos décadas. Aún más revelador: una de cada cinco hectáreas municipales -el 20% del territorio- ha sufrido entre tres y nueve incendios durante ese periodo. La tierra fiscal concentra más de la mitad de la superficie quemada, seguida por la propiedad empresarial o mediana, que representa un 29,7%. Un dato especialmente alarmante: el 21% del Parque Nacional Noel Kempff Mercado se ha quemado en los últimos 20 años y la mitad de esa superficie ha ardido entre 3 y 14 veces, lo que compromete gravemente su capacidad de regeneración ecológica (https://revistanomadas.com).
Este mes de junio comenzaran de nuevo los incendios en Bolivia, no existe ningún dato que permita presumir que la conducta ecocida no se realizará nuevamente. Es más, las tierras fiscales ni siquiera son defendidas de los avasalladores, asentamientos ilegales y quemas por parte del mismo Estado, detentador de su propiedad en representación del pueblo boliviano.
Este año, la perversidad política del gobierno de Luis Arce llegará al límite de la mayor ignominia: no evitará los incendios de nuestros bosques y lo que “no se queme” como superficie será demandado en ámbitos internacionales como la “contribución de Bolivia para paliar los efectos del cambio climático” a través de hacer efectivo en dólares los llamados bonos de carbono, para lo cual ya dio los siguientes pasos preparatorios que denuncie de forma escrita anteriormente:
- Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado favorable a los llamados bonos de carbono, SCP 0040/2024, 19 de junio de 2024 (https://erbol.com.bo/opinion/arce-lucra-nuestro-capital-natural-por-5-mi...ólares).
- El 14 de noviembre de 2024, la firma estadounidense La conic Infrastructure Partners, anunció que recibió una solicitud del Gobierno de Bolivia para utilizar su plataforma SADAR que permitirá a Bolivia generar ingresos económicos a partir de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (bonos de carbono) (https://erbol.com.bo/opinion/arce-lucra-nuestro-capital-natural-por-5-mi...ólares).
- Decreto Supremo Nº 5264 para monopolizar las fuentes de financiamiento climático(https://erbol.com.bo/opinion/bonos-de-carbonos-¿pueden-ser-una-oferta-electoral).
- Ley Nº 1613 de Presupuesto General del Estado Gestión 2025 ha realizado disposiciones complementarias y establece en su: Artículo 18. (Operaciones en Mercados de Carbono) (https://erbol.com.bo/opinion/bonos-de-carbonos-¿pueden-ser-una-oferta-electoral).
Cumplo con mi obligación de alertar a toda Bolivia que se vienen de nuevo los incendios, con un gobierno ecocida que además buscará obtener divisas con la monetización de los bonos de carbono, en contrapartida, es deber de la sociedad civil organizarse y movilizarse para para lo que viene.
4 de junio de 2025