La ministra Sabina Orellana brindó este martes un informe preliminar de irregularidades encontradas en el Ministerio de Culturas durante el periodo del Gobierno transitorio, por lo cual anunció que las exautoridades tendrán que responder al respecto, ya sea en la vía civil, penal o administrativa.

Entre las irregularidades, Orellana mencionó la falta de documentos, las deudas y la contratación de funcionarios varones que no presentaron libreta de servicio militar.

Respecto a la falta de documentación, Orellana señaló que es responsabilidad de cada servidor público dejar en orden los archivos, pero en el Ministerio se observó la falta de ese cumplimento de parte de la gestión transitoria.

“Cualquier servidor público tiene que dejar en orden la documentación para que la otra persona que venga pueda continuar las actividades que se tienen, en este caso no hay eso”, dijo.

La Ministra indicó también que deben esclarecerse responsabilidades porque se ha detectado a varones que no han presentado su libreta militar. “Nosotros hasta el momento hemos encontrado 10 que no han presentado y eso es grave”, acotó.

En cuanto a las deudas, Orellana mencionó que se debe más de millones de bolivianos de una infraestructura. Explicó que el anterior Ministerio de Culturas y Turismo debía pagar, puesto que se había presupuestado y ahora quienes prestaron el servicio se preguntan dónde se ha ido ese dinero.

“Las personas que entonces entraron al Ministerio de Culturas, a la cabeza de la señora Marta Yucra tendrán que responder en su debido momento”, manifestó la ministra Orellana.

Martha Yucra fue Ministra de Culturas del Gobierno transitorio entre noviembre de 2019 y junio de 2020, cuando se cerró dicha cartera en el marco de un plan de austeridad de la administración de Jeanine Añez.

Orellana señaló que la responsabilidad recae sobre Yucra, puesto que era la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva), aunque además ella era acompañada por directores, jefes de unidad y personal.

Aclaró que se tendrá el resultado final de las auditorías hasta el 30 de enero y que entonces se analizará los niveles de responsabilidad.