El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Laboratorios Vita Wilson Mamani denunció este  miércoles que algunos empresarios y dueños de fábricas comenzaron a penalizar la actividad sindical ante el reclamo por el despido de los obreros con el argumento de la crisis por la pandemia.

Dijo que no solo se producen abusos en los despidos sino que los dueños acudieron ante el Ministerio Público y la justicia ordinaria, donde los fiscales abrieron procesos, pese a que existe una instructiva de la Fiscalía General del Estado de no penalizar la actividad sindical en razón a que goza de fuero constitucional.

Mamani indicó que ni la Central Obrera Boliviana ni la Confederación de Fabriles, a las están afiliados, lastimosamente no están haciendo nada para defender las fuentes de trabajo de miles de empleados que fueron despedidos durante estos últimos cinco meses.

Explicó que en La Paz alrededor de seis fábricas cerraron actividades y en el resto del país los empresarios emplazan a sus obreros a renuncias voluntarias para evitar el pago de beneficios sociales para que si vuelven, lo hagan como nuevos trabajadores, caso contrario, son echados a la calles.  

“No hay ninguna fábrica que esté cumpliendo el cien por ciento de los derechos laborales, sino al contrario están siendo cercenados”, declaró a la prensa en plaza Murillo donde remarcó que por datos de la Confederación de Fabriles en todo el país hay más de 100 mil despidos durante la cuarentena.

Manifestó que la situación es preocupante y la única alternativa que tienen los fabriles es la acción directa de paralizar las actividades en defensa de sus derechos.

Citó a manera de ejemplo que en “Laboratorios Vita” en plena crisis sanitaria fueron obligados a trabajar y a consecuencia de esto, uno de sus compañeros falleció y más de 80 resultaron contagiados, pero los ejecutivos echan la culpa a los trabajadores porque, supuestamente, no cumplieron con las medidas de bioseguridad.