Fuente: Cejis

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz difirió este viernes, por la inasistencia de las y los representantes del gabinete de ministros de Estado por segunda vez consecutiva, la audiencia por la Acción Popular que interpusieron representates de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y activistas para dejar sin efecto los decretos supremos 4232/20 y el D.S. 4238/20 que autorizan el establecimiento de procedimientos abreviados para introducción al país de semillas genéticamente modificadas.

“Se difiere la audiencia para que las autoridades accionadas sean debidamente notificadas, en el entendido que tanto el oficial de diligencia de la Sala Constitucional Primera ha hecho la notificación virtual (a los miembros del gabinete de ministros) y la misma no ha sido recepcionada, o la Sala no tiene la seguridad de recepción del destinatario”, sentenció la vocal Carla Alejandra Arancibia, encargada de llevar el caso.

La Acción Popular fue interpuesta a fin de paralizar la aplicación del D.S. 4232 del 7 de mayo de 2020, promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Añez, por el que se autoriza de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados; y el D.S. 4238, promulgado el 14 de mayo de 2020, que modifica el primer decreto, disponiendo un plazo de hasta 40 días calendario para que el Comité apruebe estos procedimientos.

“Los accionantes hemos hecho lo imposible para que cada ministerio, que han actuado de manera colectiva firmando el D.S., de manera individual pueda asumir una defensa de las dos normas que están siendo observadas a través de nuestra acción popular, en tanto violentan derechos colectivos sobre los cuales el Estado tiene la máxima garantía tutelar a través de este tipo de acciones”, manifestó el abogado de los demandantes, Leonardo Tambirini.

El abogado aseveró que existe una “actitud dilatoria” de algunos ministerios a sabiendas de que el tema se ha constituido en un tema público a través de los medios de comunicación. Asimismo, expresó que, en tanto esto se extiende, los demandantes presentaron una medida cautelar debido ya que algunas disposiciones emanadas de ambos Decretos Supremos están siendo implementadas.

La Sala Constitucional Primera del TDJ convocó a una primera audiencia el 13 de agosto pasado; sin embargo, esta se suspendió debido a que las y los miembros del gabinete del Órgano Ejecutivo no se presentaron. En ese entonces, el secretario de la Sala de Justicia informó que, si bien se remitieron las notificaciones correspondientes a través de medios electrónicos, muchas de ellas no fueron recibidas efectivamente debido a que las direcciones eran inexistentes. Ante la nueva inasistencia y el acto de dilación denunciado por los accionantes, se fijó una nueva audiencia para el 25 de septiembre
Si bien a esta segunda audiencia se presentaron los miembros de los ministerios de Desarrollo Productivo, de Medio Ambiente y Agua y de Relaciones Exteriores, a través del Comité de Bioseguridad, se requiere de la recepción certera de la notificación, a fin de que asuman su defensa.

En las últimas semanas, organizaciones e instituciones pertenecientes al gremio agropecuario y ganadero en el oriente del país, así como algunas autoridades de Estado, hicieron público una serie de pronunciamientos rechazando la Acción Popular interpuesta por las organizaciones indígenas, organizaciones de la sociedad civil y activistas ambientales, con el argumento de ser un derecho de los productores de utilizar la biotecnología para mejorar la producción, frente al cambio climático. Mientras que, por otro lado, el Colegio de Biólogos de Cochabamba, quienes se sumaron su apoyo a la acción popular, señalando que la oposición es hacia el “uso de transgénicos que, aplicados con un modelo de producción extractivista de gran escala y al uso de agentes agroquímicos como el glifosato y otros cancerígenos, degradan la calidad del suelo a largo plazo y atentan contra el desarrollo sustentable, la conservación de la naturaleza, la soberanía alimentaria, la propiedad comunitaria y la visión de una buena salud en Bolivia”.