Jornadas de hasta 14 horas, falta de contratos laborales, retrasos salariales y condiciones precarias de vivienda y seguridad evidencian los abusos laborales y la explotación que enfrentan los trabajadores de las zafras de caña de azúcar en Santa Cruz y Tarija, y de recolección de castaña en el norte amazónico, según un estudio presentado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

En entrevista con ERBOL, Marco Antonio Albornoz, director general de la institución, informó que la investigación abarcó tres zonas y realizó el seguimiento de aproximadamente 200 personas. De los 24 testimonios recogidos, 21 correspondían a trabajadores que no contaban con contratos laborales escritos, situación que dificulta la presentación de denuncias y la defensa de sus derechos.

El estudio identificó que las extensas jornadas responden, en parte, a los cupos de producción exigidos para recibir el pago. En la zafra de caña de azúcar, trabajadores provenientes de Potosí y otras regiones del país son trasladados temporalmente mediante contratistas, en un contexto en el que también se reportaron actos de racismo y retrasos salariales de hasta tres meses.

En la recolección de castaña, los trabajadores permanecen entre cuatro y cinco meses en el bosque, muchas veces junto a sus familias, expuestos a riesgos como serpientes, alacranes y caída de cocos. A estas condiciones se suman la falta de equipos de protección, los descuentos por herramientas de trabajo y el hacinamiento en los alojamientos.

Albornoz señaló que alrededor de 16.000 personas se movilizan durante las temporadas de zafra y recolección de castaña. Asimismo, advirtió sobre la escasa presencia estatal en las zonas de trabajo y las dificultades para que las denuncias concluyan en sanciones.

Ante esta situación, los trabajadores demandaron su inclusión en la Ley General del Trabajo para acceder a los derechos y beneficios laborales correspondientes. Según el director del CIPCA, autoridades del Ejecutivo y del Legislativo manifestaron su disposición a analizar la propuesta y avanzar en una agenda conjunta para atender las vulneraciones.

Entre las medidas planteadas figuran las inspecciones laborales permanentes y sin previo aviso, con el objetivo de verificar las condiciones de trabajo y sancionar posibles infracciones.