Manuel Morales Álvarez
Rodrigo Paz dijo que vamos a pagar un diésel a precio internacional, cuando en realidad ese es un precio de guerra que no debemos asumir. El argumento dice “Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, como si “afuera” fuera un lugar neutro, sin historia, sin conflictos y sin intereses. Como si existiera un “precio internacional puro y simple” al cual debemos adaptarnos. Ese precio no existe. Y el costo que hoy se nos pide pagar no es el de un mercado abstracto, sino el de una geopolítica que no elegimos.
Lo que llamamos “precio internacional del diésel” es una etiqueta cómoda para referirse a un benchmark concreto -ICE Gasoil en Europa, NYMEX ULSD en Estados Unidos, gasóleo de Singapur-, en un punto de entrega concreto, con una calidad concreta y unas condiciones contractuales concretas. No es el precio mundial. Son precios regionales, financieros y logísticos que cambian según la calidad del combustible, la ubicación, el plazo, los términos contractuales, la moneda y la estructura de mercado.
Cuando alguien dice “el precio internacional”, en realidad está eligiendo un índice y una metodología. Esa elección no es neutral. Y menos aún lo es cuando el contexto global está marcado por la guerra.
El precio que hoy se nos presenta como “internacional” está profundamente distorsionado por el conflicto. Según reportes oficiales, el incremento del precio del diésel a nivel mundial se agravó con la invasión rusa a Ucrania y, más recientemente, con la guerra de Estados Unidos contra Irán. Los precios del petróleo se anclaron por encima de los 100 dólares por barril, y el diésel al por menor en Estados Unidos rozó los 6,4 dólares por galón, casi el doble de lo que costaba en enero antes del ataque a Irán.
En la fórmula de paridad de importación -referencia internacional + flete + seguro + mermas + almacenaje + financiamiento + impuestos + margen- no hay una línea que se llame “guerra”. Pero el costo de la guerra está ahí, incrustado en cada componente: en la prima geopolítica del benchmark, en los recargos por riesgo de guerra en el flete, en las primas de seguro marítimo, en el mayor costo financiero por volatilidad, en el margen más alto que exige el trader.
Cuando el Gobierno dice que el diésel “costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera”, está diciendo, en realidad, que costará lo mismo que cuesta comprarlo en un mundo en guerra. Y esa diferencia no es un dato de la naturaleza. Es una decisión política disfrazada de fatalidad técnica.
Bolivia importa más del 90% del diésel que consume. No tiene margen: debe comprarlo al precio que el conflicto global impone. Pero eso no significa que su población pueda pagarlo.
El salario mínimo nacional se fijó en Bs 3.300 para 2026. Sin embargo, la canasta alimentaria básica semanal para cinco personas cuesta Bs 1.696 mensuales sólo en alimentos de primera necesidad –y ello está de subida-, lo que consume más del 51% del salario mínimo. A esto hay que sumar transporte, vivienda, salud, educación y servicios.
Y el problema es aún más profundo: cerca del 80% de la población económicamente activa en Bolivia trabaja en el sector informal. Son personas sin salario mínimo garantizado, sin contratos, sin seguridad social. Para ellas, el “precio internacional” del diésel no es una abstracción: es el costo del transporte que las lleva a trabajar, el costo del flete que encarece los alimentos que compran, el costo de la maquinaria que produce lo que consumen.
El presidente Rodrigo Paz sintetizó su decisión con una frase: “Subsidio o futuro”. Como si el único futuro posible fuera el de un precio de guerra trasladado a una población que no puede pagarlo.
Eliminar el subsidio sin un mecanismo compensatorio robusto para los sectores de menores ingresos no es “ordenar la economía”: es trasladar el costo de una guerra ajena a los bolsillos de quienes menos pueden cargarlo. El Gobierno ha anunciado “medidas de apoyo social” es decir, un engaño por la escala y la velocidad del ajuste superan con creces la capacidad de amortiguación de estas medidas.
Bolivia no puede decidir que no haya guerra en Medio Oriente. No puede evitar que el Estrecho de Ormuz se convierta en un punto de estrangulamiento. No puede fijar el precio del crudo en los mercados internacionales. Pero sí puede decidir cómo distribuye el costo de esa guerra. Puede decidir si lo absorbe el Estado con un subsidio focalizado, si lo traslada a los consumidores de mayores ingresos, si lo compensa con transferencias directas, o si -como está ocurriendo- lo deja caer sobre una población que ya destina más de la mitad de su salario mínimo a comer.
El precio del diésel no es un dato de la naturaleza. Es una construcción política. Y hoy esa construcción está siendo diseñada por una guerra que no elegimos, un mercado que no controlamos y una decisión gubernamental que, hasta ahora, no ha demostrado que los más pobres no vayan a pagar la cuenta.
La pregunta no es si el subsidio era sostenible. La pregunta es si es sostenible, en términos sociales y humanos, un precio de diésel signado por costos de guerra en un país donde ocho de cada diez trabajadores no tienen un salario fijo.
22 de septiembre de 2026