Un foro regional sobre libertades económicas llamó a cerrar la brecha entre las normas y las oportunidades de negocio, al advertir que la complejidad regulatoria, la informalidad y las debilidades institucionales pueden convertirse en obstáculos para el crecimiento empresarial.

Temas como la complejidad regulatoria, la debilidad institucional, la informalidad y las dificultades para aplicar las normas continúan limitando las posibilidades de las personas y empresas para invertir, producir y crecer en América Latina, concluyeron cinco investigaciones presentadas en el foro regional “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”.

El encuentro se realizó el 17 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el liderazgo del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia), con estudios de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.

En el caso boliviano, la Fundación Milenio presentó una investigación que identificó una relación entre la informalidad, la baja productividad y las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas para crecer.

El estudio de Milenio plantea que la formalización no debería traducirse únicamente en nuevas obligaciones para las empresas, sino también en un acceso efectivo a financiamiento, mercados, inversión y oportunidades de expansión.

Las investigaciones presentadas coincidieron en que el reconocimiento de derechos o la existencia de procedimientos formales no garantiza por sí misma el acceso a oportunidades económicas. Para que estas sean efectivas, las reglas deben ser comprensibles, previsibles y posibles de cumplir.

Problemas comunes en la región

Durante el foro, Norman Loayza, director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, destacó la importancia de contar con instituciones sólidas, seguridad jurídica, un entorno favorable para los negocios y capital humano para impulsar el desarrollo y la resiliencia económica.

En Colombia, un estudio del Centro de Estudios Manuel Ramírez estableció que, de más de 23.400 vendedores informales registrados en Bogotá entre 2001 y 2024, apenas el 1% había sido vinculado a programas de inclusión productiva.

En El Salvador, la investigación presentada mostró que, pese al crecimiento de la apertura comercial, solo el 6,2% de las empresas formales exportó bienes en 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86% de las firmas exportadoras, pero concentraron el 4% del valor exportado.

En Guatemala, el estudio identificó diferencias entre los plazos oficiales y los tiempos efectivos de algunos trámites. Una licencia sanitaria podía demorar entre cinco y ocho meses en 2025, frente a un plazo formal de entre 15 y 20 días hábiles.

En Argentina, la investigación identificó 150 tributos, 82 de ellos municipales, y advirtió que la aplicación de requisitos similares a empresas de distinto tamaño puede generar costos desproporcionados para los pequeños negocios.

El análisis regional planteó que los indicadores internacionales de libertad económica no siempre reflejan las particularidades de América Latina. En ese sentido, CIPE propuso avanzar hacia un marco de medición que incorpore factores institucionales, jurídicos, económicos y sociales.

Las conclusiones del foro apuntaron a mejorar no solo la calidad de las regulaciones, sino también la forma en que son aplicadas. Procedimientos complejos, requisitos repetidos, cambios frecuentes o interpretaciones distintas entre instituciones pueden incrementar costos, generar incertidumbre y reducir los incentivos para formalizarse, invertir o expandirse.

Entre las recomendaciones planteadas figuran consultar a quienes desarrollan actividades económicas antes de modificar regulaciones, fortalecer las capacidades institucionales, simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos, hacer previsibles los costos y tiempos de los trámites, evaluar el impacto de las nuevas normas y mejorar la coordinación entre entidades públicas.