El Juzgado Quinto Anticorrupción de La Paz determinó detención preventiva para Elizabeth G.C., Gerente Legal Corporativa de YPFB, y Scarlett M.V.B., Jefa de la Unidad Legal General de la empresa estatal, acusadas de elaborar una resolución que autoriza de manera irregular la realización de adjudicaciones directas por la emergencia sanitaria.

Ambas fueron enviadas al penal de Obrajes, por el lapso de seis meses que debe durar la investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes.

Dentro del mismo proceso también se imputó a Alenka J.F.I., Gerente de Contrataciones, quien obtuvo detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación al Ministerio Público los días viernes y prohibición de comunicarse con funcionarios de YPFB, dijo el fiscal coordinador Sergio Bustillos. 

De acuerdo a las investigaciones preliminares, las dos funcionarias enviadas a la cárcel habrían redactado la Resolución Administrativa N° 78/2020 para posteriormente ser emitida por la presidencia de YPFB. La resolución autorizó realizar contrataciones directas durante la cuarentena, hecho que iría en contra de las normas de contrataciones y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la estatal petrolera.

Por su parte, la Gerente de Contrataciones de YPFB habría avalado los procesos de contrataciones directas de los seguros y servicios generales de YPFB, sin observar los procesos o advertir que eran contrarias a la norma.