El ministro de Defensa, Luis Fernando López, negó este jueves que haya existido sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos que fue cuestionada en las últimas semanas. Aseveró que la denuncia realizada por un medio de comunicación al respecto tiene falsedades.

La denuncia fue divulgada por el periodista Junior Arias de Gigavisión, quien cuestionó que la contratación se haya realizado con un intermediario, a quien le atribuyó tener amistad con un alto funcionario del Ministerio de Gobierno, pero además insinuó que hubo sobreprecio porque en Venezuela se compraron agentes químicos a menor precio.

El ministro López, quien firmó el contrato respectivo, dijo que el medio de comunicación hizo esa denuncia “por error o mala información”.

Observó que el periodista se basó en documentos de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela para comparar los precios. “Seguramente tiene acceso a la información venezolana”, comentó.

Sostuvo que la granada de gas comprada por Bolivia es más grande y de mayor gramaje que la comprada por Venezuela. Además, señaló que la adquisición venezolana es de 2017, mientras que Bolivia realizó la compra observada del gas entre 2019-2020.

Acusó a la denuncia de que querer confundir a la ciudadanía. Acotó que incluso en la denuncia de sobreprecio se mencionó un ítem que no fue comprado.

Asimismo, el Ministro mostró un cuadro comparativo de los precios en que se compró la granada de triple acción en anteriores gestiones. Los datos exhibidos muestran que en 2016 se compró a Bs340 la unidad, Bs274 y Bs290 en 2018, Bs244 en febrero de 2019 y, la última compra, de Bs270 en diciembre de 2019.

Acotó que a finales de 2019 América Latina estaba en momento de convulsión y se logró que las granadas lleguen a Bolivia en lugar de que se vayan a Chile.

“Con esta estamos demostrando que no existe ni existió ningún tipo de sobreprecio”, afirmó.

El intermediario

Respecto a la intermediación, López mostró una carta en la cual la empresa fabricante Condor de Brasil informa que no tenía representante en Bolivia, pero Bravo Tactical Solutions tiene autorización para firmar contrato.

En base a ese documento, López señaló que la compra no se podía hacer directo a la fábrica, sino que obligatoriamente debía pasar por un intermediario.

El Ministro también cuestionó un documento que utilizó el medio de comunicación para poner en entredicho al intermediario. Señaló que se hizo la comparación con los archivos y, con el mismo registro CITE, se encontró al documento verdadero que tiene un diferente tenor.

Indicó que ese caso del documento está en investigación.

López manifestó que no es un delito tener preparadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía, para enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Aseguró que volvería a firmar cuantos contratos sean para lograr ese objetivo.

Dijo que se ha ordenado auditorías a las contrataciones del Ministerio y entidades descentralizados. Además, los documentos de este caso están puestos a consideración de la Contraloría.

Resaltó que se garantiza la libertad de expresión y el trabajo de periodistas, pero llamó a que “no cometan el error de este medio de comunicación, si van a investigar vengan con cosas concretas y fidedignas”.