El diputado del MAS Edgar Montaño expresó sus dudas sobre el correcto uso del presupuesto adicional de 330 millones de bolivianos, otorgado por la presidenta Jeanine Añez al Ministerio de Gobierno para la lucha contra el narcotráfico.

“Es tanto el dinero como para que el ministro Arturo Murillo pueda gastar en lo que él quiera, nada será transparente y tengo la sospecha que esos recursos serán utilizados en gastos reservados y para reprimir a la población”, declaró el asambleísta.

Explicó que en febrero el ministro de Economía José Luis Parada emitió una resolución disponiendo que las compras en la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas tienen carácter de confidencialidad y no pueden ser publicados en el Sistemas de Compras Estatales (Sicoes).

“Como Arturo Murillo no podrá declarar ni subir al Sicoes, lo va a gastar en otra cosa, menos en el mantenimiento ni reparación de los helicópteros”, añadió al recordar además que la Uelicn en el pasado fue utilizado por los demócratas como bandera de supuesta de lucha contra la corrupción.

En el aniversario del Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos “Garras del Valor” en Chimoré, Murillo anunció que los recursos económicos dispuestos por la presidente Añez serán destinados a la Policía para la compra de armamento, vehículos y herramientas con la finalidad de fortalecer el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

Explicó que cuando asumió el despacho del Ministerio no había ni un helicóptero volando y que en la actualidad existen tres y aseguró que el presupuesto que tiene se invierte en reparar los helicópteros.

Con presupuesto adicional, el total para la gestión antidroga 2020 llega a 486.902.428 de bolivianos, tomando en cuenta que según el POA de la Uelicn, el Tesoro General de la Nación (TGN) le asignó 156.902.428 bolivianos y el reciente decreto asigna 330 millones de bolivianos adicionales.

La Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) es investigada desde febrero de 2019 por denuncias de corrupción planteadas por la diputada del Movimiento Social Demócrata (MSD) Rose Marie Sandoval, entonces opositora; hoy del gobierno de transición.

Por este caso el exministro de Gobierno Carlos Romero está detenido preventivamente acusado de incumplimiento de deberes porque no controló los 42 contratos que la Unidad concedió de manera preferencial a la Horizontal de Aviación Bolivia SRL de capitales peruanos, para el mantenimiento de helicópteros Súper Puma y aviones Hércules C-130 por un valor de 120 millones de dólares acumulados durante los últimos diez años.

Montaño sostuvo que los Demócratas nunca terminaron de comprobar sus denuncias contra el exministro Romero, quien en su criterio está preso injustamente en base a una falsa acusación que ayudó a la desestabilización del gobierno de Evo Morales.