Transcurridos 40 días de iniciada la cuarentena por la emergencia pandémica del coronavirus en Bolivia, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Odpib), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), denunció de que los pueblos indígenas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), se encuentran en estado de abandono por los distintos niveles de gobierno.

En el departamento de La Paz, los pueblos indígenas Araona, Chimán y Ese Ejja se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y en esa condición tienen que ser protegidos por la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad.

Según el director ejecutivo de Cejis, Miguel Vargas, la situación por la que atraviesan los territorios y comunidades indígenas es extremadamente preocupante, debido a que a más de 40 días de comenzar la cuarentena en Bolivia no se tiene conocimiento de las acciones y respuestas de carácter estructural desde las instancias del Estado para atender sus diversas demandas.

“Luego de varios comunicados, votos resolutivos y pronunciamientos, es evidente la falta de voluntad política desde las instancias del Estado para atender las necesidades de los pueblos indígenas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad ante la presencia del covid-19 y otras enfermedades. De no tomarse medidas para atender estas demandas, el Estado boliviano podría ser sujeto a una denuncia ante instancias internacionales vinculadas a la protección de los derechos humanos por incumplir las normas que precautelan la integridad y la vida de estas poblaciones”, alertó.

El Cejis lamenta que las acciones del gobierno con relación a los pueblos indígenas son aisladas y no responden a una política integral para abordar esta problemática. 

En ese contexto, advierte que la situación de vulnerabilidad de los territorios indígenas podría ser mayor luego de la decisión del gobierno nacional de permitir el reinicio de actividades mineras y agropecuarias sin ningún tipo de consideración respecto a si estas actividades se desarrollan en territorios indígenas que han asumido el autoaislamiento como medida para proteger su salud y la vida. 

El Decreto Supremo N° 4229, promulgado el 29 de abril, autorizó la movilización de vehículos para el traslado de personal vinculado al sector minero (empresas privadas, públicas y cooperativas) y agropecuario.

“Llama la atención que, al momento de autorizar la reactivación de las actividades mineras y agropecuarias a nivel nacional, el gobierno no haya considerado el establecimiento de protocolos específicos para aquellas operaciones que se desarrollan dentro de territorios indígenas. En este momento el país tiene un serio problema para identificar a pacientes de covid-19: al permitir el ingreso a territorios indígenas a trabajadores mineros o personas extrañas al territorio la posibilidad de que la enfermedad se presente en los territorios indígenas es mayor”, explica el titular del Cejis.

De acuerdo a la institución, durante los últimos años las denuncias por la violación a derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país por el desarrollo de actividades mineras se han incrementado, luego de que la Ley de Minería 535 determinó un proceso de consulta que desnaturaliza su carácter previo y criminaliza las acciones de control territorial frente a las actividades mineras, que no cumplen con los estándares ambientales mínimos y que desconocen los derechos humanos de las comunidades indígenas.

En cuanto a las actividades agropecuarias durante los meses de marzo y abril, periodo en el que rige la cuarentena, de acuerdo al Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA), el número de focos de quema en territorios indígenas se extendió a 123 focos de calor en 12 territorios indígenas y 138 en 15 TCO respectivamente. Este número de focos de quema podría incrementarse debido a que se continúa con el desarrollo de estas actividades, a pesar de la cuarentena.

Se debe recordar que hace unas semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución No. 10/2020, sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, en el que recomendó a los Estados miembros extremar las medidas de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el marco de la pandemia tomando en consideración que estos colectivos tienen derecho a recibir una atención de salud con pertinencia cultural, que tome en cuenta los cuidados preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. A la fecha, en el país no se conoce de una política que recoja estas recomendaciones.

De acuerdo con el presidente de la CPILAP, Gonzalo Oliver, con quien conversó el Odpib, los 10 pueblos indígenas que agrupa su Central se encuentran en emergencia por la escasez de alimentos entre las familias, que hasta el momento no han recibido la dotación de víveres y bonos anunciados por los distintos niveles de gobierno.

“Se está careciendo de alimentos, principalmente en las comunidades alejadas, como las araonas que nos han comunicado que están consumiendo solo la almendra de la temporada; no tienen alimentos básicos, no hay medicamentos ni postas de salud”, denunció  el presidente de la CPILAP.

La entidad congrega a 11.500 familias afiliadas al Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIN), el Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), el Consejo Regional T-simane Mosetén de Pilón Lajas (CRTM-PL), Pueblo Indígena Quechua Tacana San José de Uchupiamonas (PIQT-SJU), las Comunidades ese Ejja de Eyiyuquibo (CEEE), la Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos (CAOPB), Comunidades Indígenas Tacanas Río Madre de Dios (CITRMD) y la Capitanía del Pueblo Indígena Araona (CAPIA).

Según la autoridad indígena de la CPILAP, las necesidades demandadas por la organización no son recientes, pero se agravaron en el actual contexto de la cuarentena debido a que los pobladores se vieron imposibilitados de salir a los centros urbanos, no solo por las restricciones que se dictaron desde el gobierno nacional, sino también por el temor a un contagio del coronavirus.
Relatan que al momento, las comunidades indígenas se encuentran en autoaislamiento haciendo el control del ingreso de personas ajenas para evitar que personas portadoras del virus ingresen a los territorios, lo cual sería “desastroso” por la precaria situación en salud con la que cuentan.

Ante esta situación, el titular de la CPILAP pidió a las instancias de gobierno que, de ingresar cualquier tipo de ayuda, debe ser coordinada con las autoridades originarias y de esta forma prevenir cualquier situación de contagio.

“En el tema de los bonos, sabemos que el gobierno dijo que ingresarían los militares, pero vemos que dentro de este grupo pueda haber alguna persona enferma, lo que sería desastroso dada nuestra situación de vulnerabilidad. Lo mismo con el ingreso de alimentos, porque el virus puede llegar en las cajas que se darían. Por eso, pedimos que haya una coordinación, planificación y prevención al máximo para evitar de que por llevar ayuda tengamos que enfermar a los hermanos con esta pandemia”, observó.

Detalló que las necesidades demandadas por la organización no son recientes, pero se agravaron en el actual contexto de la cuarentena debido a que los pobladores se vieron imposibilitados de salir a los centros urbanos, no solo por las restricciones que se dictaron desde el gobierno nacional, sino también por el temor a un contagio del coronavirus.