Por Leonel Mamani Mendoza
En el gabinete de Rodrigo Paz, lo indígena brilla por su ausencia. Solo la wiphala y la bandera del patujú, en actos protocolares, parecen maquillar un vacío que preocupa. Pero el decorado no alcanza cuando entre los muchos temas que aquejan a Bolivia se encuentra el desafío monumental de decidir y definir qué hacer con el litio, ese mineral que promete desarrollo, pero que también pone a prueba el respeto de los derechos de los territorios indígenas y los derechos de la Madre Tierra. Lo que está en juego es la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el equilibrio ecosistémico de donde habitan.
Durante el discurso de posesión de Rodrigo Paz Pereira, el presidente cuestionó a los gobiernos del pasado reiterando y enfatizando: “¿dónde está el litio? ¿qué hicieron con el litio?”. Después de más de 15 años de transición de lo experimental y pilotaje a la implementación de plantas industriales, no se logró alcanzar las promesas económicas que prometieron los gobiernos del Movimiento al Socialismo.
En el plan de gobierno de Rodrigo Paz, se menciona de forma breve la necesidad de garantizar la participación activa y la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades originarias para promover un desarrollo sostenible de la industria minera, respetando los derechos colectivos. Sin embargo, durante la campaña electoral el nuevo mandatario no profundizó este tema ni presentó lineamientos claros sobre cómo garantizar procesos de consulta previa, libre e informada.
En 2025, diversos actores rurales, indígenas y campesinos se pronunciaron en contra de dos contratos suscritos por YLB, uno con una empresa rusa y otro con una empresa china. La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) presentó una acción popular, argumentando la falta de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, así como la ausencia de estudios de evaluación de impacto ambiental en los contratos mencionados.
El juez de garantías de Colcha K, luego de haber otorgado medidas cautelares en favor de la TIOC, denegó finalmente la acción al considerar que la acción popular no era el mecanismo jurídico adecuado para el caso. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo presentó una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Agroambiental, la cual fue admitida y resultó en la suspensión temporal de los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Actualmente, estos procedimientos se encuentran en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que emitirá su sentencia definitiva en los próximos meses.
Frente a los reiterados errores y omisiones en la aplicación de la consulta previa durante las últimas décadas —que derivaron en una creciente judicialización de los conflictos socioambientales— surgen interrogantes sobre la postura que asumirá el nuevo gobierno respecto a este derecho fundamental. ¿Comprenderá el gobierno de Rodrigo Paz que el respeto a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado va más allá de un mero trámite administrativo? ¿Qué medidas adoptará frente a la judicialización como fuente de conflicto social y ante una posible sentencia que reafirma la relevancia de este derecho? Queda por ver si la nueva administración honrará el Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la OIT, ratificado en su momento por el gobierno de su propio padre y que goza de rango constitucional. ¿Qué acciones concretas implementará para garantizar el ejercicio efectivo de un derecho que fue sistemáticamente vulnerado durante la gestión anterior?