La Fiscalía General del Estado ha decidido remitir la denuncia contra los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que el proceso se desarrolle en jurisdicción de juicio de responsabilidades.

La denuncia penal fue presentada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien acusa a cinco magistrados del TCP de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

El fiscal general Roger Mariaca explicó que, según la jurisprudencia, la vía ordinaria es incompetente para procesar a magistrados, por lo cual les corresponde ser derivados ante la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades.

“El Fiscal General del Estado no tiene atribuciones para destituir ni para procesar de manera directa a las autoridades electas”, dijo Mariaca.

Precisó que el caso se está remitiendo a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para su procesamiento en esa instancia.

Según la Ley 044, la Cámara de Diputados es la encargada de recibir las denuncias contra magistrados. En su Comisión de Justicia se procede con la etapa preparatoria del proceso y, de existir acusación, se debe aprobar por mayoría en el pleno. El juicio se realiza en el Senado.

Los cinco magistrados “autoprorrogados” son Gonzalo Miguel Hurtado, René Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.

Según la denuncia de Saucedo, los denunciados habrían cometido delitos al emitir una sentencia que los prorroga en su mandato más allá de los seis años que dispone la Constitución.  

Los “autoprorrogados” han sido criticados no sólo por extenderse su mandato, incluso suspendiendo las elecciones judiciales de manera parcial en cinco departamentos. También fueron acusados de cooperar con el Gobierno de Luis Arce para dejar sin efecto las interpelaciones de ministros y quitarle la sigla del MAS al ala “evista” para entregársela al “arcismo”.