El senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado con arma de fuego la tarde de este sábado 7 de junio, mientras participaba en un evento de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá. De acuerdo con información preliminar, Uribe habría recibido entre cinco y seis disparos en la zona de la nuca y fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia, donde su estado de salud es reservado.

La Policía Nacional confirmó el ataque y reportó que al menos una persona fue capturada en el operativo desplegado en el lugar, mientras se continúa la búsqueda de un segundo sospechoso. La zona permanece acordonada por seguridad, según el digital de El Espectador.

El hecho generó una inmediata ola de repudios desde distintos sectores del país. La ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, escribió en sus redes sociales: “La violencia nunca podrá ser el camino. Rechazo de forma contundente el atentado contra Miguel Uribe. Nada justifica el uso de la violencia en una sociedad que busca construir en paz”.

Exministros y figuras de distintas corrientes políticas se sumaron a las condenas. Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, señaló: “Rechazo total a un atentado que el país entero debe condenar. La violencia verbal debemos erradicarla antes de que se convierta en violencia física. Golpe mortal a nuestra democracia”.

También se pronunció el excanciller Luis Gilberto Murillo: “Condeno todo acto de violencia contra líderes políticos. El Estado debe garantizar el libre ejercicio de la política en Colombia”. Desde la oposición, el expresidente Iván Duque manifestó su solidaridad con Uribe y exigió una rápida investigación para identificar a los autores del atentado.

Incluso desde el oficialismo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó: “A Miguel le tengo todo el afecto. Lo conozco desde muy joven. Rechazamos los actos de violencia”.

El ataque a Miguel Uribe se produce en medio de una tensa coyuntura política, donde la violencia amenaza con socavar el ejercicio democrático en Colombia. La Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones, mientras crece la preocupación por la seguridad de los candidatos en el proceso electoral en curso.