Por Ernesto Rude – Politólogo
Abordar el tema político electoral es importante para medir el estado democrático y su tendencia en el país. Si bien la democracia es mucho más que el método de elección de autoridades públicas, ya que implica el ejercicio de otros derechos políticos como el de participación ciudadana e incluso la toma de decisiones a través la iniciativa legislativa ciudadana, no hay duda de que el proceso electoral y la elección en sí misma evidencia las características de la democracia boliviana.
El proceso electoral del próximo 17 de agosto, se caracteriza hasta ahora por aspectos no institucionales y poco democráticos debido a las acciones de actores estatales y políticos. Un ejemplo de esto es la invasión de competencias del Tribunal Constitucional (TC) al Órgano Electoral, como forzado operador electoral del oficialismo gobernante para apoyar a sus objetivos políticos electorales.
Los actores políticos oficialistas y opositores han mostrado acciones cuestionables al promover un escenario de fragmentación del voto, en el que han emergido liderazgos tradicionales mayormente frente a los nuevos. La fragmentación genera limitada base u organización de voto fidelizado para que en primera vuelta se logre formar un sólido bloque mono o multipartidario.
Esto bajo el supuesto de no interferencia del TCP que a través de fallos a necesidad del oficialismo gobernante, está forzando una única propuesta del “movimiento popular” en orden de restringir o limitar la fragmentación de su potencial voto, bajo una figura que ejemplifica que la juventud no trae consigo la renovación como lo es Eduardo del Castillo.
Hasta ahora los candidatos del MAS en sus tres versiones, no han cambiado de narrativa, seguimos avanzando con más endeudamiento para financiar el gasto público en empresas públicas y proyectos que compiten con las empresas privadas locales.
Su estrategia política electoral trata de mostrar eficiencia y buen desempeño gubernamental a través del masivo financiamiento propagandístico en los diferentes medios de comunicación nacional y regionales, en RRSS y denuncias internas de corrupción de funcionarios y parientes del oficialismo gubernamental y unificar a su clientela electoral en función al discurso de que la actual coyuntura es completamente responsabilidad del bloqueo legislativo opositor, al que se han alineado gremiales, transportistas, productores, comerciantes, opinadores, caseritas y vivanderas entre otros sectores “derechistas”.
Los liderazgos tradicionales de Samuel, Tuto o Manfred, son parecidos en algunos aspectos, particularmente los dos primeros tienen propuestas similares en lo económico, también de endeudamiento destinado a cerrar la continuidad de 12 años de déficit público, así como cerrar las causas principales de este déficit.
Esta similitud de propuestas de los dos primeros se basa en que las medidas de recuperación económica y financiera del Estado, son limitadas a unas cuantas opciones técnicas, reales y que son asumidas obviamente por los viejos y nuevos liderazgos como los de Dunn o Paz. Este conjunto de candidatos opositores se disputan un electorado similar de civiles demócratas de grandes e intermedios centros urbanos, por lo que el escenario de la demanda ciudadana de priorizar el voto para el mejor posicionado de la oposición en las próximas encuestas, será un criterio a seguir para lograr la gobernabilidad requerida para un cambio posible, ya sea en los escenarios de mayoría relativa o absoluta que plantean un marco de gobernabilidad diferente en la Asamblea Legislativa, incluso el escenario de segunda vuelta.
La dispersión del voto en primera vuelta puede resultar en un escenario de fragmentación del voto y de la representación política de las siglas y sus alianzas, que ya demostraron los efectos de la baja o ninguna cohesión en torno a un programa o identidad ideológica partidaria en el período legislativo que culmina.
Otros escenarios que no hay que descartar son el de una victoria en primera vuelta del voto forzado del oficialismo gobernante. Así como una postergación o impedimento de la realización de las elecciones por parte del TCP u otros actores políticos radicales.
Las candidaturas funcionales al oficialismo gobernante para al escenario de fragmentación del voto opositor como la de Manfred, al igual que la de unificación del voto del “movimiento popular” como la de Eva y Jhonny, tratan de mostrar eficiencia en sus respectivos gobiernos municipales mediante financiamiento de propaganda de obras y planes realizados en medios de comunicación a nivel nacional, tratando de ampliar su base electoral burócrata y clientelar territorial a los indecisos regionales.
El escenario pre electoral y legado masista se ha caracterizado por la sustitución de los partidos políticos orgánicos y movilizados por simples siglas u organizaciones electorales con fines políticos y de lucro. En este caso todos los precandidatos del espectro ideológico se han visto beneficiados por el perfil caudillista impuesto por Evo Morales, al no haber requerido la legitimidad de unas primarias internas para definir a los 3520 candidatos/as presentados por las cinco alianzas y cinco partidos políticos a los 352 cargos electivos en sus respectivas alianzas y partidos.
Esto dio paso a que en muchos casos la nominación a dedo de los/as candidatos/as a estos cargos se realice bajo la presión de un contrato del alquiler entre sigla y candidato, o (en un mejor escenario) la nominación se realizó por un equipo reducido de evaluación de perfiles adecuados a determinados criterios. En todo caso la estrategia más eficaz se pondrá en evidencia con los resultados oficiales de la elección.
Por otra parte y en el marco de la teoría de la socialización política, la ciudadanía se está beneficiando de la información de medios de comunicación radial, televisiva y digital de las principales candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y sus propuestas políticas para superar o prolongar este momento de crisis económica y social. A este proceso le queda pendiente cuatro elementos centrales:
1. Un debate público, temático y directo de los/as candidatos/as a la presidencia, vicepresidencia, senadurías y diputados uninominales promovido por organizaciones sociales, académicas y medios de comunicación entre otros, que puedan sumar a este punto de aporte a la formación ciudadana para un voto informado y acercamiento a las actitudes democráticas o autoritarias de las élites políticas.
2. NO se requiere una ley nacional para organizar un debate de las y los candidatos, hacerlo no va contra la constitución o sus principios democráticos y la ley. Realizar un debate público no es un acto criminal o atentatorio al actual régimen, por el contrario beneficia a la formación del voto informado.
3. La ciudadanía que no votará con el afecto o sentimiento por un liderazgo particular, deberá restarle un poco de tiempo al ocio o tareas domésticas usuales para informarse de fuentes variadas sobre las propuestas políticas de los/as candidatos/as y así ejercer un voto informado por una opción oficialista u opositora en base a una evaluación política del desempeño del oficialismo gobernante y de la oposición.
4. Que el proceso electoral sea transparente, creíble, legítimo, informado y competitivo. Este elemento hasta el momento de ejecución del calendario electoral se ha visto afectado por los recursos impuestos a candidatos/as y siglas, lo que pone en riesgo el principio de elegir entre diferentes alternativas.
Por otra parte se tiene 18 empresas encuestadoras y 97 medios de comunicación nacionales y departamentales registrados en el Tribunal Supremo Electoral para cubrir la tendencia de la preferencia electoral ciudadana, lo que garantiza el acceso a fuentes variadas de información del proceso electoral.
Así también se tiene cinco organizaciones (partidos) y cinco alianzas políticas en competencia por el voto, pero que puede ser relativizada debido a la forzada intervención en el proceso electoral por el TCP, por lo que hasta la oficialización de las alianzas y siglas en competencia, deberá verse la posibilidad real de elegir entre diferentes opciones o reducción del voto por opciones configuradas previamente.
A diferencia de otros procesos electorales éste en particular es decisivo, ya que enfrentamos un significativo riesgo pero también contamos con alternativas para elegir acertadamente a los líderes y autoridades que dirigirán la nación mediante fuentes variadas de información, con la posibilidad de exigir y participar en debates públicos para conocer a los/as candidatos/as, sus propuestas y orientaciones políticas y contamos hasta el momento con potenciales opciones competitivas.
Razón demás para resaltar la importancia de participar en la próxima elección con un voto informado y consciente de lo que esperamos y queremos para el desarrollo humano, social y económico del país.