El Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres del 10° Tribunal de Justicia de La Paz, a cargo del juez Armando Zeballos, notificó este lunes a la concejal de Guanay, Griselda Villanueva, con una imputación formal emitida por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y conducta antieconómica, tipificados en el artículo 26 de la Ley 004 y el artículo 224 del Código Penal.

La notificación fue ejecutada mediante una comisión instruida al Juzgado Mixto de Guanay, donde la autoridad edil fue ubicada en su domicilio particular, con el objetivo de que tome conocimiento del proceso iniciado a denuncia del alcalde Víctor Ticona. El juzgado dispuso que se notifique oficialmente a la concejal con todos los antecedentes y fechas correspondientes, conforme al procedimiento legal.

De acuerdo con los antecedentes, el 23 de mayo de 2023, la concejal habría dispuesto el uso de una movilidad asignada al Legislativo municipal, para realizar una inspección oficial en una comunidad del municipio, sin contar con la autorización del Concejo. Durante esa actividad, el vehículo sufrió un accidente de tránsito que, según el reporte, no fue comunicado a las instancias correspondientes. El alcalde interpretó este hecho como “uso indebido de bienes del Estado” y procedió a formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

La notificación a Villanueva coincidió este lunes con la realización de una audiencia cautelar en La Paz, solicitada por el Ministerio Público contra el propio alcalde de Guanay, Víctor Ticona Yujra, también imputado por conducta antieconómica, a denuncia del Control Social del municipio. En este proceso, la concejal Villanueva participó como parte querellante y posteriormente la denuncia fue asumida por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia.

Como resultado de dicha audiencia, el alcalde fue arraigado y se le impusieron medidas sustitutivas, luego de que la Fiscalía solicitara su detención preventiva por cuatro meses. Ambos procesos reflejan la tensa relación entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo edil, cuyas disputas han derivado en denuncias y contradenuncias penales.