Manuel Morales Alvarez
En Bolivia, el sector laboral –a grandes rasgos- se divide en dos: 16% empleo formal y 84% empleo informal. El carácter informal significa que está fuera de las regulaciones gubernamentales como los incrementos salariales, ya que dentro del sector informal, no se firman contratos, el trabajo es precario, las relaciones obrero-patronales son dentro del ámbito familiar o están difuminadas por procesos de intermediación. En otras palabras, es muy poco probable que el incremento salarial del 5% para el 2025 se vaya a cumplir de forma estricta, no hay contratos con beneficios sociales, los trabajadores en micro, medianas y pequeñas empresas no gozan de ningún trato laboral favorable.
Por el contrario, el sector formal se rige por normas laborales constitucionales, leyes presupuestarias y otras que elabora el Gobierno de manera específica mediante Decretos Supremos. El sector empleador privado, si bien expresan sus criterios, no son tomados en cuenta al momento de las definiciones. Así, la tendencia de regulación salarial que se ha definido establece, que el incremento es aplicable “a todos los trabajadores del sector privado y a ciertos sectores públicos”, incluidos el sector de salud, el magisterio fiscal, la policía y las fuerzas armadas. Sin embargo, en el sector privado, el incremento es opcional para los miembros de directorios y altos ejecutivos” (Decreto Supremo N° 5154), esto último correspondiente al año 2024, que seguramente será replicado para el 2025.
El gobierno de Luis Arce aprobó un incremento salarial del 5% al haber básico y al mínimo nacional del 10% para el 2025 que será formalizado este 1 de mayo.
El propósito de esta columna de opinión no busca debatir si el incremento salarial es suficiente o insuficiente, qué efectos tendrá en la economía, etc., sino preguntar ¿qué sucede con los ingresos del sector informal?
Del análisis económico del país, llego a la conclusión que el gobierno no regula el 84% de los ingresos del sector informal y que los mismos están regidos dentro del mercado por la relación empleador-empleado. Al no regularse mediante normas o políticas públicas los ingresos de los sectores informales, se colige que los mismos son fruto de la oferta y la demanda (capitalismo puro, directo).
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia tiene un marco normativo limitado para regular directamente al sector informal. Ley General del Trabajo no aplica al 100% del sector informal, ya que este opera fuera de contratos laborales formales, así, el Estado no fiscaliza los empleos informales que no son registrados.
La cantidad mínima de trabajadores dentro del sector informal cotiza al fondo de pensiones, es menos del 5%.
Los incrementos salariales no son obligatorios para el sector informal. Algunos pequeños, micro o medianos empresarios afirman no estar en condiciones de otorgar un incremento salarial a sus empleados, sin embargo, la realidad evidencia que pagan salarios menores al mínimo nacional.
Otros sectores informales son los trabajadores por cuenta propia, que no son empleadores ni empleados. Una mayoría de ellos tienen ingresos entre 1500 Bs a 2.500 Bs al mes, son personas dedicadas al comercio minorista (puestos de mercado), transporte informal (trufis, mototaxistas), servicio doméstico.
Tienen un ingreso mensual menor de 1.500 Bs, los vendedores ambulantes, limpiavidrios, ayudantes eventuales.
Y, bordean los 4.000 Bs mensuales o más los artesanos, pequeños talleres (costura, carpintería), vendedores consolidados en ferias, comerciantes mayoristas (ropa, electrónicos), transportistas con vehículos propios.
Los datos son evidentes, existe una brecha negativa entre los ingresos del sector formal y del sector informal que permanentemente se incrementa. El Estado Plurinacional de Bolivia y la economía se beneficia del trabajo del 84% del empleo informal pero no son considerados al momento de regular sus actividades, con ello se refuerza el sector dominante dentro la economía informal cuyo nombre son los llamados “kamiris”, es decir, semi-empresarios, que no pagan impuestos, no cancelan un salaría mínimo nacional a sus trabajadores.
Finalmente, las transiciones pueden tomar dos direcciones, una excepcional y la otra habitual. En la primera dirección, pocos kamiris transitaran a la formalidad, en la dirección habitual, crecerán dentro de la ilegalidad y serán –además- contrabandistas, cooperativistas.
El caso –excepcional- de una familia dedicada a la fabricación de polleras es un buen ejemplo: La empresa comenzó como un pequeño negocio familiar en La Paz, vendiendo polleras en ferias y mercados populares sin registro formal. Operaban sin facturación, sin acceso a créditos y con limitaciones para crecer. Decidieron registrarse como PYME (Pequeña y Mediana Empresa) para acceder a beneficios como: créditos financieros, participación en ferias internacionales, alianzas con proveedores formales, adoptaron sistemas de facturación electrónica y mejoraron su contabilidad. Generaron empleos formales para artesanos y bordadoras y así, lograron exportar sus productos a países como Perú, Chile y EE.UU. Hoy son reconocidos como un caso de éxito en la economía popular boliviana. Esta transición es excepcional y no la fomenta el gobierno.
Al parecer el gobierno del MAS no tiene la voluntad de formalizar la economía informal, por ello le es muy conveniente excluir al 84% de la población del trabajo asalariado formal.
30 de abrilde 2025