por José Luis Bedregal V.
En los últimos días, Bolivia ha sido testigo de una serie de detenciones y acusaciones impulsadas por el gobierno nacional a raíz de los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, fecha en la que se denunció un presunto intento de golpe de Estado. El Ministerio de Gobierno ha difundido recientemente un “documental” de producción deficiente, tanto en contenido como en forma, para sustentar su versión oficial de los hechos. Sin embargo, la narrativa presentada ha generado escepticismo en diversos sectores de la sociedad boliviana y en la comunidad internacional, donde cada vez toma más fuerza la hipótesis de que el evento pudo tratarse de un autogolpe fabricado por el propio gobierno con fines políticos.
Entre los principales elementos que alimentan la duda sobre la veracidad del supuesto golpe, destacan los siguientes:
Incongruencias en la cronología de los hechos: En las imágenes difundidas, la toma de Plaza Murillo fue parcial, sin violencia significativa ni enfrentamientos reales, lo cual contrasta con lo que normalmente ocurre en un golpe militar. Muchos observadores señalan que las acciones parecían más bien una puesta en escena que una amenaza real al orden democrático.
La mediática respuesta del gobierno: El presidente y varios ministros aparecieron apenas minutos después de iniciados los movimientos militares, con un discurso y una estrambótica escena que pretendió presentar al presidente como un “líder valiente”, en la que el “militar golpista”, parecía estar más confundido que dispuesto a ejecutar su plan.
El perfil del general Juan José Zúñiga: El principal acusado de liderar el intento de golpe había sido removido de su cargo días antes por el propio Ejecutivo y, paradójicamente, mantenía una relación estrecha con Arce y el aparato político oficialista.
El video elaborado por el Ministerio de Gobierno carece de rigor investigativo, recurre a una narrativa simplista y utiliza recursos audiovisuales más propios de una campaña de propaganda que de una investigación seria. La falta de pruebas verificables, el uso de testimonios sesgados y la omisión de contradicciones clave del relato oficial solo han aumentado la desconfianza pública.
Tras la difusión del documental, el gobierno ha iniciado una ola de persecución y detenciones contra exmilitares, líderes sociales y destacados analistas que han cuestionado la gestión del gobierno masista. Estas detenciones han sido efectuadas sin que los acusados hayan tenido acceso adecuado a la defensa legal o sin que se les haya notificado formalmente de los cargos, lo que vulnera principios constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la libertad de expresión. Estas acciones están profundizando la polarización política y exacerban la tensión social.
La manera en que el gobierno boliviano ha gestionado la narrativa, los procesos judiciales y las detenciones asociadas, configuran un escenario preocupante para la vigencia del orden democrático en Bolivia. La opacidad en la información, la manipulación mediática y la instrumentalización de la justicia, constituyen señales claras de una deriva autoritaria que pone en riesgo la paz social, las libertades ciudadanas y el futuro democrático del país.
Es imprescindible que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional mantengan una vigilancia activa y crítica sobre el curso de estos acontecimientos, exigiendo transparencia, justicia imparcial y respeto pleno a los derechos fundamentales.