El Gobierno tiene estimado incluir en la reglamentación de la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 una figura que establezca que no tendrá algún efecto en los gremiales o al comercio minorista.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que la propuesta surgió en las recientes reuniones que sostuvo con los dirigentes de los sectores gremiales ante las críticas que se presentaron.

“Es necesario trabajar el reglamento a la Disposición Séptima. Ellos (los gremiales) han planteado que se exprese textualmente que el alcance de esa disposición no va a llegar al comercio minorista, por lo tanto, es una propuesta que va a ser considerada al momento de elaborar el reglamento”, anunció.

Silva consideró que es necesario trabajar en la reglamentación del artículo en cuestión para ponerle un “candado” y que no pueda afectar al sector gremial o comercio minorista.

La Disposición Adicional Séptima del PGE 2025 dijo que tiene el objetivo de evitar que las “organizaciones criminales” -como las calificó- y que se dedican al almacenamiento de productos en grandes cantidades cometan el delito del contrabando a la inversa.

Con relación al pedido del sector empresarial productivo e industrial, que pidieron la derogación de la disposición, Silva descartó que existan personas que se dedican ese tipo de actividad ilícita.

En ese sentido, consideró “innecesarias” los pronunciamientos de rechazo a esa figura, no obstante, los empresarios insistieron que “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada”. ///agc