AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES

La Defensoría del Pueblo a través de un pronunciamiento, le ha recordado al Gobierno que las y los defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales no pueden estar sujetos a amenazas, restricciones e inseguridad en el ejercicio de su rol de defensa. El llamado lo hizo en respuesta a las denuncias penales interpuestas en contra de los miembros del Comité de Gestión y Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía del departamento de Tarija, que rechazan operaciones petroleras.

“La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de la denuncia interpuesta por YPFB con el apersonamiento de Petrobras Bolivia S.A., en contra de un grupo de personas identificadas como miembros del Comité de Gestión y Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía del departamento de Tarija, por los supuestos delitos de atentados contra la libertad del trabajo e impedir o estorbar el ejercicio de sus funciones, establecidos en los artículos 161 y 303 del Código Penal”, señala el pronunciamiento. 

En ese entendido, la Defensoría del Pueblo le recordó al Estado que, ha ratificado el Acuerdo de Escazú, mediante Ley 1182 del 3 de junio de 2019, en observancia de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, la  Ley 300 de 15 de octubre de 2012 y la Ley de Derechos de la Madre Tierra 071 de 21 de diciembre de 2010, normativa legal vigente destinada a proteger los derechos a un medio ambiente sano y el reconocimiento de los derechos de la madre tierra.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú, establece que cada Estado Parte debe garantizar un entorno seguro y propicio en el que las y los Defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

“Se deben establecer las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los Derechos Humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, entre otros”, señala la Defensoría del Pueblo.

En esa línea, la Defensoría, observa que toda acción legal que vaya en contra de las y los defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales, se considerará en una amenaza, restricción e inseguridad a su rol en la defensa de los derechos al medio ambiente sano y los derechos de la madre tierra.

“Siguiendo lo establecido en el citado artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el Estado boliviano debe tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los Derechos Humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de su rol de defensa”, advierte la institución.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de velar por los derechos de las y los Defensores de Derechos Humanos en asuntos ambientales e insta al Estado a reconocer y cumplir con los acuerdos que asume en el contexto internacional concordantes con la normativa interna vigente.

También le recomienda al Gobierno de Luis Arce, aplicar otras vías pacíficas de gestión de conflictos garantizando el derecho de acceso a una información pública y transparente con la apertura de espacios de diálogo respetuoso antes de la judicialización de acciones. 

“La Defensoría del Pueblo realizará un estricto seguimiento al proceso instaurado, en observancia de las garantías al debido proceso y la especial atención que merecen las y los Defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en el marco del Acuerdo de Escazú”, cierra el comunicado.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) recuerda que la Reserva Natural de Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, alberga una importante riqueza natural –es uno de los hogares del oso jucumari y otros cientos de especies–, convirtiéndola en una de las áreas protegidas mejor conservadas de Bolivia, sin embargo, continua en alerta.

“Desde hace más de una década proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera impulsadas desde el propio Gobierno,se gestionan en zonas restringidas para cualquier actividad extractiva y a pesar de la oposición de las comunidades que resisten este atropello. Tariquía no solo posee una importante biodiversidad sino, es el nacimiento de agua para la provisión de cuencas”, señala en un análisis.

Recuerda además que la intervención del área protegida comprometería los recursos hídricos en la región y toda actividad de sustento de las propias familias que cohabitan dentro la reserva.