La creación de la fundación “Casa del Hombre del Oriente” en Santa Cruz ha reabierto el debate sobre los alcances de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) y sus implicaciones en la detención preventiva de personas inocentes basada solo en un informe psicológico.

Lucas Torres, abogado y miembro del equipo de la fundación, declaró a Erbol-Santa Cruz que, aunque reconoce la existencia de hombres violentos, dice que también hay casos de mujeres que, según él, utilizan denuncias falsas para extorsionar.

Torres informó que recientemente recibieron antecedentes de la Ley 348 por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, tras una evaluación, identificaron varios aspectos que podrían justificar una acción de inconstitucionalidad abstracta.

Según el abogado, la Ley 348 ha permitido que personas inocentes sean detenidas preventivamente simples informes psicológicos, cuando, en su opinión, lo correcto sería realizar una pericia psicológica completa.

Torres también señaló que algunas denunciantes se oponen a estas pericias porque, según él, revelarían incongruencias y falsedades en sus declaraciones.

En abril de este año, la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, presentó el proyecto de ley 143-2023-2024 de Modificación y Sistematización de la Ley del Órgano Judicial, que reintroduce el Proyecto de Ley 288-2021 y propone modificar la Ley 348, argumentando que esta normativa ha “destruido familias”.

Esa polémica se amplió cuando, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la calificó como una “ley antihombres”, lo que ha generado una fuerte oposición entre organizaciones de mujeres, quienes lo consideran un grave retroceso en la protección de los derechos de las víctimas de violencia.

Este proyecto ha sido duramente criticado por organizaciones de mujeres, quienes consideran que representa un grave retroceso en la protección de los derechos de las víctimas de violencia, especialmente al proponer la modificación del artículo 94, que actualmente protege a las denunciantes de la revictimización por parte del sistema judicial.