CUESTIONAN A AUTORIDADES
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Asociaciones de periodistas denuncian tres casos que afectan la libertad de expresión y prensa

Se refieren al caso del periodista Munguía, un portal de cotización del dólar y el tiktoker Rubén Blanco.

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunciaron públicamente tres casos en que advierten una posible intención de las autoridades por limitar la libertad de expresión y de prensa.

En primer lugar, denunciaron que el periodista Juan Pérez Munguía fue detenido injustamente por filmar el frontis del Banco Central de Bolivia y luego liberado, en un hecho que se registró el jueves 1 de agosto. 

“Durante su detención, los policías intentaron forzarlo a borrar las imágenes y a firmar un documento admitiendo haber cometido una falta, a lo que se negó con el respaldo de las asociaciones”, señala su pronunciamiento.

El segundo caso denunciado es de un portal de noticias que informaba diariamente sobre la fluctuación del precio del dólar y que fue sido obligado a cerrar bajo acusaciones de especulación financiera. 

Las asociaciones aseguraron que informar sobre la variación del precio del dólar paralelo no constituye especulación financiera. 

“El cierre de este portal no logrará que el precio del dólar paralelo baje al precio oficial de 6.96. Por el contrario, la falta de información real sobre el precio del dólar paralelo podría incluso hacer que éste aumente”, advirtieron.

En un tercer caso es del el tiktoker Rubén Blanco, quien tiene en su contra dos procesos penales por incitación al racismo, debido a comentarios que hizo sobre la danza de los mineritos.

Si bien las asociaciones no comentaron los videos de Rubén Blanco, consideran que difundirlos forma parte de la libertad de expresión. 

“Expresar una opinión sobre una danza u otra expresión cultural, aun de ser ofensiva, no debe ser tipificada como un acto de racismo ni discriminación y tampoco penalizarse. Cualquier discurso que pueda ser considerado intolerante debe ser cuestionado con medidas alternativas a las sanciones penales, tales como campañas de sensibilización y educación”, instaron la APLP y la ANPB.