Desde hace un mes, el servicio privado de fotocopias se encuentra suspendido en los tribunales de La Paz y El Alto, ocasionando serios perjuicios a los litigantes, quienes no pueden acceder a copias de los expedientes.

El representante legal de este sector, Víctor Hugo Espinoza, y Norha Cadima, de la empresa Kusikuy SRL, informaron que hace siete años esta empresa, que aglutina a mujeres alteñas, brinda el servicio de fotocopias en los juzgados tras haber ganado un proceso de licitación mediante convocatoria pública y transparente.

Sin embargo, recibieron una comunicación residiendo contrato y anunciando una nueva convocatoria, que hasta el día de hoy no avanza debido a la burocracia interna del Órgano Judicial. En La Paz, les informaron que la decisión debe tomarse en la ciudad de Sucre.

Espinoza anunció que las trabajadoras se encuentran en pie de huelga de hambre, luego de haber agotado instancias de queja ante las oficinas de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, "que no hacen absolutamente nada ante este abuso de autoridad cometido por el magistrado Juan Carlos Berríos, quien ahora es candidato a consejero de la Magistratura".

Explicó que el contrato de fotocopias tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Como parte del acuerdo, la empresa entregó 15 máquinas fotocopiadoras a las autoridades del Tribunal Departamental de La Paz para su uso discrecional y se benefician con 120.000 fotocopias al mes de manera gratuita. Ahora quieren devolver las máquinas, valuadas cada una en 15.000 bolivianos, en calidad de chatarra.

Se ha elevado una queja formal al Directorio de la Dirección Administrativa Financiera del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Sucre, pero hace más de un mes no tienen respuesta, lo cual demuestra el total desinterés de las autoridades judiciales por resolver este problema.

Dijo que en los juzgados se están cometiendo una serie de ilegalidades al permitir que se saquen expedientes a las calles para fotocopiarlos, poniendo en grave riesgo esos documentos y expedientes, lo cual está prohibido por el mismo Tribunal Supremo de Justicia.

Indicó que han logrado más de 300 notas y firmas de apoyo de jueces, secretarias, actuarios y personal en general de los juzgados que solicitan la continuidad del servicio de fotocopias.

“Todo este abuso de autoridad sucede por el magistrado de La Paz, Juan Carlos Berríos, quien se está dedicando a administrar los edificios, el servicio de limpieza y el servicio de fotocopias como si fuera administrador. Él es juez y debería administrar justicia, no los bienes del Tribunal Departamental de Justicia”, manifestó Espinoza.