Después de 20 meses de estar en prisión preventiva en el penal de San Pedro, Raúl Uría, quien era el presidente de la Juventud Yungueña, obtuvo este jueves la detención domiciliaria a su favor. 

Sin embargo, el juez de El Alto, Marco Amaru, le impuso una fianza juratoria y real de un inmueble valuado en 250 mil bolivianos, además de cuatro garantes, arraigo y la obligación de firmar en el Ministerio Público tres veces a la semana.

El abogado Jorge Valda, que defiende a Uría, consideró una “aberración” la fianza impuesta al imputado, toda vez que estuvo en la cárcel casi dos años sin poder trabajar.   

El jurista indicó que han apelado esa determinación “abusiva” del juez Amaru y esperan que en otra audiencia se revoquen esas medidas excesivas.

“Raúl Uría no tenía para inscribir un inmueble de 50.000 bolivianos, mucho menos tiene la posibilidad de inscribir un inmueble de 250.000 bolivianos porque él no tiene bienes a su nombre. Su familia vive en alquiler, al igual que él”, señaló Valda.

El dirigente fue detenido el 15 de septiembre de 2022, en medio de los conflictos por la apertura del mercado paralelo de coca de Villa El Carmen, en La Paz. Se lo imputó por el presunto delito de tráfico ilícito de armas

En la audiencia, Uría denunció la violación del Gobierno y la justicia a sus derechos humanos, además de reiterar su inocencia.

“Cuanto más tiempo me tengan aquí, tal vez sea mejor para mí y peor para el gobierno el día de mañana”, señaló el dirigente yungueño en la audiencia.