La Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por la presunta comisión de los delitos de Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, además de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, en el caso Abya Yala.

La imputación se basa en que el sindicado habría transferido, en calidad de donación, tres automóviles a la Fundación Abya Yala Bolivia, siendo que la misma es propietaria de un canal privado que habría realizado prestación contractual de servicios de difusión y publicidad con el Estado y otras empresas privadas.

El Fiscal a cargo del caso, Ramiro Prieto, explicó este viernes que el Código Civil establece en su artículo 67 que las fundaciones tienen por objetivo recibir bienes, por la voluntad de una o más personas, para un fin especial y no lucrativo. En ese sentido la transferencia de los vehículos debían realizarse en el marco de la ayuda social a sectores vulnerables que no cuentan con medios adecuados como asilos, instituciones que trabajan con la niñez o mujeres que han sido objeto de violencia y no así a una fundación que genera lucro a través de un medio de comunicación que vende espacios de publicidad.

En ese marco, la Fiscalía imputó a la exautoridad por haber otorgado los tres motorizados con un fin distinto al que establece la norma. Asimismo, al ocupar el cargo de Ministro de la Presidencia, el imputado era responsable de garantizar la eficaz administración de los bienes donados al Estado, adecuando su conducta a los tipos penales investigados.

Quintana, quien se encuentra en la residencia diplomática de México con asilo, también está investigado por los delitos de sedición y terrorismo en otro proceso.