El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, confirmó este domingo que las tres personas que fueron detenidas en la ciudad de El Alto, tenían en su poder material explosivo con intenciones de generar violencia en el congreso del MAS y anunció que el Ministerio de Público pedirá en las próximas horas detención preventiva por el plazo de seis meses.

La autoridad mostró los resultados del desdoblamiento de los aparatos celulares y afirmó haber encontrado “evidencia material” que vincula a los individuos con exautoridades, entre ellos el expresidente Evo Morales, el exministro Juan Ramón Quintana y el exgerente de MiTelefério Cesar Dockweiler.

Dijo que del análisis de estos dispositivos se encuentra una serie de instrucciones que permitían saber cómo y cuándo actuar. La fiscalía ha logrado efectuar una relación de carácter material. Por ese motivo continuará con el rastreo dado que se ha encontrado motivación de características políticas y económicas que serán develadas en los próximos días, indicó.

Anunció que, en las siguientes horas, el Ministerio Público va a requerir la detención preventiva por seis meses de las tres personas por los delitos de instigación pública a delinquir, organización criminal, tráfico ilícito de armas, fabricación, comercio y tenencia de explosivos.

Las investigaciones han encontrado en su poder dinamitas, mecha lenta y encendedores que significan el poder destructivo que podría generar un escalamiento del conflicto a un evento democrático, como es el congreso del MAS en El Alto.

La autoridad citó el caso de Ronald Freddy R.C. cuya relación con personas del mundo político que era utilizado como cobertura política para cometer delitos de estafa y también engendrar miedo en los procesos en los cuales se les está procesado.

Sobre la detenida Madelen W. H. V, y Liz A. A. V. el viceministro explicó que tienen una importante vinculación social y política y una intención de generar caos en el país, utilizando material destructivo.

Aseguró que la fiscalía continuará con las investigaciones para dar certidumbre por parte del Estado a que cualquier actividad política, sindical y social que se realice en un marco de derecho a los demás. Aguilera manifestó que los datos sustentan la hipótesis formulada por el ministro de Gobierno, en torno al funcionamiento de una organización criminal que pretendía causar problemas al congreso del MAS.